Idolidia Darias / Florida / USA
Entre el periodismo, la verdad y la violencia en zonas de guerra
Escribir sobre periodistas fallecidos en Gaza obliga a entrar en un terreno especialmente sensible: ¿dónde termina la labor periodística y dónde comienza la participación en una estructura política o armada? Y, sobre todo, ¿qué ocurre cuando una persona que se presenta ante el mundo como periodista mantiene al mismo tiempo vínculos con una organización involucrada en acciones violentas?
El dilema se vuelve más complejo en un escenario de guerra, donde la información no solo sirve para documentar los acontecimientos, sino que también puede convertirse en una herramienta de propaganda, movilización o guerra psicológica.
Por eso, al analizar los casos presentados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), es necesario distinguir tres elementos: la condición pública de periodista, una eventual afiliación con una organización armada y la posible participación directa en hostilidades. No son conceptos equivalentes y confundirlos puede conducir a conclusiones erróneas.
El periodista frente al grupo armado
La primera pregunta es ética: ¿puede un periodista mantener su independencia cuando trabaja dentro de un territorio controlado por una organización armada?
La respuesta no puede reducirse a la proximidad física o política. Un periodista puede cubrir las actividades de Hamás, entrevistar a sus dirigentes o trabajar en Gaza bajo su control sin convertirse por ello en miembro de la organización.
También puede existir una relación ideológica o personal con una determinada causa sin que eso implique participación militar. Del mismo modo, un activista puede defender públicamente una posición política y un trabajador humanitario prestar asistencia en zonas dominadas por combatientes sin formar parte de las estructuras armadas.
El problema aparece cuando esas funciones se mezclan deliberadamente con tareas propias de una organización militar. En ese punto, la condición de periodista deja de ser suficiente para describir la actividad de la persona y surge la necesidad de determinar qué papel desempeñaba realmente.
La credencial no puede ser un escudo ni una condena
Una credencial de prensa identifica una función, pero no resuelve por sí misma la conducta de quien la posee. Tampoco debería ocurrir lo contrario: una acusación de pertenencia a una organización armada no debería convertir automáticamente a un periodista en combatiente.
La cuestión fundamental es qué hacía esa persona y en qué momento.
Informar sobre un enfrentamiento, documentar sus consecuencias o mantener contacto con miembros de un grupo armado forma parte de realidades habituales del periodismo de guerra. Participar en una operación militar constituye una categoría diferente.
Esa distinción resulta particularmente importante en Gaza, donde periodistas locales, activistas y trabajadores humanitarios desarrollan su actividad dentro de un territorio sometido al control de organizaciones armadas y en medio de un conflicto abierto.
La verdad también está en disputa
Existe además un segundo problema: cada parte del conflicto construye su propia narrativa.
Las organizaciones palestinas pueden presentar a determinados fallecidos como periodistas o civiles. Israel puede identificarlos como miembros de estructuras armadas. Entre ambas versiones se encuentra la responsabilidad de los medios y de quienes investigan estos casos.
Ejercían labores periodísticas pero estaban vinculados a Hamás o a Yihad Islámica Palestina
La obligación periodística no consiste en aceptar automáticamente ninguna de las dos narrativas. Consiste en confrontarlas, contextualizarlas y señalar claramente qué está confirmado, qué procede de una acusación y qué permanece sin resolver.
En este punto, reconocer la incertidumbre no debilita una investigación. Por el contrario, evita que el periodismo termine convertido en una extensión de la propaganda de cualquiera de los bandos.
El límite ético
El límite debería situarse en la conducta, no en la nacionalidad, la ideología o la causa defendida.Un periodista puede cubrir a una organización armada sin ser combatiente. Un activista puede defender una causa sin participar en acciones violentas. Un trabajador humanitario puede operar en territorio controlado por grupos armados sin formar parte de ellos.
Pero si una persona utiliza deliberadamente su condición de periodista, activista o trabajador humanitario para desempeñar funciones militares, el problema cambia de naturaleza. Ya no se trata únicamente de libertad de expresión, independencia profesional o activismo, sino de su posible participación en un conflicto armado.
Por eso, los diez casos presentados ahora por las FDI deben ser examinados dentro de ese marco.
La condición de periodista, la eventual afiliación y la participación directa en hostilidades deben analizarse como cuestiones distintas, sin convertir ninguna de ellas automáticamente en las otras.
En última instancia, el dilema para quienes informan sobre estas muertes es doble: defender el derecho de los periodistas a trabajar en zonas de guerra y, al mismo tiempo, no utilizar esa condición profesional como garantía automática de inocencia frente a acusaciones que deban ser investigadas.
La responsabilidad del periodismo consiste precisamente en permanecer en ese límite: ni convertir al periodista en combatiente por el simple hecho de trabajar en territorio controlado por un grupo armado, ni convertir la credencial de prensa en una protección frente al escrutinio de sus propias acciones.
