Ilegales en su propio país

El decreto ley No. 217 del 22 de abril de 1997 que regula en Cuba la migración interna para la Ciudad de La Habana fue fundamentado por el gobierno cubano atendiendo a la grave situación habitacional que había en la capital del país. Las autoridades incluyeron entre las razones de la proclamación del decreto que la falta de empleos, la crisis del transporte, el abasto de agua, electricidad, combustible doméstico y el índice de calidad en la prestación de los servicios a la creciente población urbana eran también motivos suficientes para regular el éxodo hacia la capital.

La aplicación del Decreto-Ley desde el mismo momento, fue muy severo y cientos de ciudadanos empezaron a sentirse perseguidos y excluidos al instante. La población procedente de las provincias orientales se convirtió de inmediato en el punto de mira de la policía que los deportó hacia sus pueblos de origen. Los llamaron ‘palestinos’ en el argot popular y hasta fueron objetos de chistes y bromas en algunos programas de la Televisión Nacional. De repente, decenas de ellos tuvieron que enfrentar vicisitudes y deportaciones. No faltaron los casos de personas que fueron detenidas en plena calle casi siempre en horario nocturno y desterrados para sus provincias de origen. Tampoco faltaron los que al día siguiente regresaron a la capital a insistir en establecerse en casa de algún conocido o en un alquiler furtivo.

Personas que han sido víctimas de esas deportaciones cuentan que andan por la urbe bajo ‘la ilegalidad” porque vivir en la capital implica una cantidad de trámites burocráticos inimaginables. Una joven que en 2002 vivía en Villa Clara, se casó con un residente en la Habana que tenía una casa y cuenta que pasó casi un año de trámites y permisos para tener en su carnet de identidad la nueva dirección que le permitiera andar por las calles sin el sobresalto de ser detenida y deportada a su pueblo de origen.

Y si vivir es complicado, pasarse unos días en la capital puede acarrear otras preocupaciones. Luis un activista de derechos humanos que vive en Holguín y ha tenido que viajar por razones familiares dice que en esos casos hay regulaciones. Según explica, el que pretenda pasarse seis o siete días en la capital, tiene que presentarse en el CDR donde vive la persona que le dé abrigo para que el presidente del comité sepa quién es y el tiempo que estará allí. Al trámite le dicen ‘permiso de estancia’ y por lo general no debe exceder de siete días aún cuando el dueño de la casa no tenga objeciones de albergarlo por meses o años.

Algunas personas consultadas en Cuba consideran que en los últimos años la cacería policial contra los ‘palestinos e ilegales’ ha disminuido algo pero no se ha acabado porque las autoridades policiales no dejan de pasear las calles y recoger algunos “deportables’.

Los detenidos pueden ser lo mismo mujeres que hombres y no hay distinción de edad entre ellos. La forma de proceder de la policía consiste en raptarlos en plena calle y ubicarlos en un centro de detención llamado depósito hasta que logran reunir la cantidad suficiente para llenar el vagón de un tren. Luego los destierran a sus pueblos de origen, de ahí que algunos desafortunados pasan varios días en el depósito hasta que se acopie la cantidad suficiente de ‘víctimas’.

Calixto Ramón que vivía en Camaguey y que en múltiples ocasiones ha intentado establecerse en la capital ha sido varias veces ‘desterrado’. Explica que ha visto diferentes casos y situaciones durante los días que está detenido. Destaca que también los compañeros de viaje le cuentan que fueron detenidos en San Antonio, Limonar, Guanabo, entre otros y que ahí tampoco les permiten establecerse.

Asegura Calixto que en las dos últimas ocasiones que fue deportado también el tren se detuvo en Matanzas para recoger ‘desterrados’ y regresarlos a las provincias del oriente del país, por eso él considera que la ley se está aplicando actualmente también con aquellos que pretenden asentarse en zonas cercanas a áreas turísticas como es el caso de Varadero o en municipio cercanos a la capital pertenecientes a las nuevas provincias Mayabeque y Artemisa.

Situaciones de esa índole ocurren a menudo en Cuba pero la mayoría de los afectados no realizan las denuncias, ni informan las violaciones de que son víctimas porque no conocen a dónde acudir, o porque han perdido toda esperanza en reclamarle a un régimen que gobierno por decretos. Los casos se conocen cuando algún activista de derechos humanos es víctima de la deportación y luego publica lo ocurrido, pero tampoco para ellos hay una solución ni una respuesta.

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Autor: Idolidia Darias

Periodista cubana radicada en Miami desde 2004. Estudió Lengua y Literatura en el Instituto Superior Pedagógico Félix Varela en Santa Clara, Villa Clara, Cuba. Autora del libro “Escambray, la historia que el totalitarismo trató de sepultar” y coautora de “Cuba: desplazados y pueblos cautivos”. Es autora del blog

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