Idolidia Darias / Florida / USA / USAID en Iberoamérica: el dinero, las redes y la batalla por la influencia
La controversia sobre USAID no comienza con Elon Musk ni con Mike Benz. La documentación oficial estadounidense muestra que, durante décadas, la agencia destinó recursos a programas de democracia, gobernanza, derechos humanos, participación ciudadana, elecciones, sociedad civil y fortalecimiento institucional en América Latina.
La pregunta incómoda no es, por tanto, si USAID intervenía en ámbitos políticos. Sus propios documentos lo reconocen. La pregunta es hasta dónde llegaba esa intervención, quiénes recibían los recursos y qué efectos políticos producía esa arquitectura de financiamiento.
Un informe de la Oficina del Inspector General de USAID publicado en 2024 describió la democracia, los derechos humanos y la gobernanza como componentes centrales de la política exterior y de seguridad nacional estadounidense en América Latina y el Caribe.
La siguiente reconstrucción permite observar esa red país por país.
VENEZUELA: del fortalecimiento de la sociedad civil al apoyo a una transición política
El caso más difícil de reducir a una simple disputa ideológica es Venezuela. Los datos muestran que Estados Unidos financió programas de democracia y sociedad civil venezolana durante casi dos décadas.
Según el Congressional Research Service, USAID utilizó desde 2002 su Office of Transition Initiatives (OTI) para programas destinados a monitorear la estabilidad democrática y fortalecer instituciones. Desde 2010, buena parte de esos programas pasó a financiarse mediante el Economic Support Fund (ESF).
Los registros de asistencia estadounidense permiten identificar beneficiarios concretos. En 2014 aparecen, entre otros:
- Pan-American Development Foundation — $777.000 para Civil Society Strengthening, Venezuela Participation Project.
- International Republican Institute — $720.000 para Assisting Independent News Supply.
- National Democratic Institute — $400.000 para Transparent Electoral Processes.
- Freedom House — $300.000 para Assisting Independent News Supply.
- Freedom House — otros $300.000 para un programa de liderazgo en derechos humanos.
La escala aumentó posteriormente. En 2023, el registro estadounidense contabilizó $6,398,906 para el Venezuela Participation Project, administrado por la Pan-American Development Foundation.
Pero existe un elemento todavía más significativo en 2019 durante la administración Trump y esto ocurrió cuando USAID firmó un acuerdo con el gobierno interino de Juan Guaidó para ampliar programas de democracia y derechos humanos y preparar una eventual transición política.
El Congressional Research Service señaló que parte de los recursos también cubría viajes de trabajo, salarios y sistemas seguros de comunicación para funcionarios y personal del gobierno interino.
Ese mismo año, USAID notificó al Congreso el desvío de $41,9 millones originalmente destinados a Guatemala y Honduras. Según la documentación citada por Los Angeles Times, los fondos estaban destinados a la estructura de Guaidó para salarios, viajes, capacitación en gobernanza, asistencia técnica electoral y otros proyectos relacionados con la transición democrática.
Aquí la frontera entre “ayuda democrática” e intervención política se volvió especialmente estrecha. No se trató simplemente de financiar una ONG independiente. En este episodio, el dinero estadounidense estaba conectado directamente con una estructura política que Washington reconocía como gobierno interino de Venezuela.
La tesis de Benz encuentra en Venezuela uno de sus ejemplos más sólidos. Pero incluso aquí hay que precisar el argumento: la existencia de financiación estadounidense a la oposición y a la transición política está documentada; demostrar que USAID controló o determinó el comportamiento electoral venezolano es otra cuestión.
ECUADOR: las ONG como infraestructura de incidencia pública
Un caso diferente fue Ecuador. Durante el gobierno de Rafael Correa, USAID financió organizaciones dedicadas a democracia, participación ciudadana, libertad de expresión y vigilancia institucional.
Los casos más conocidos fueron Ciudadanía Activa, ejecutado por organizaciones como Grupo FARO, Fundamedios, Fundación Esquel y el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio.
Las cifras fueron objeto de controversia. Documentos y reportes de la época situaban el proyecto inicialmente alrededor de $2,5 millones, mientras que USAID llegó a señalar una cifra de aproximadamente $1,8 millones y Grupo FARO habló posteriormente de unos $1,3 millones.
Pero más importante que la cifra fue el objetivo. Entre las actividades figuraban el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, vigilancia institucional, participación ciudadana y estrategias de incidencia.
El gobierno de Correa interpretó ese financiamiento como una forma de presión política externa. La acusación fue rechazada por los beneficiarios, que presentaban sus actividades como fortalecimiento de la sociedad civil y defensa de la democracia.
Años después, USAID volvió a ampliar su presencia en Ecuador. Su propia documentación describió programas destinados a apoyar elecciones transparentes, sociedad civil, lucha anticorrupción, participación ciudadana y vigilancia institucional. Entre las organizaciones mencionadas por USAID aparecen Corporación Participación Ciudadana y Fundación Esquel.
En 2023, además, USAID lanzó PILARES, un programa de hasta $17,7 millones, destinado a seguridad ciudadana y participación de gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.
El caso ecuatoriano demuestra algo importante: USAID no necesitaba financiar directamente a un partido para intervenir en el ecosistema político. Bastaba con financiar organizaciones capaces de producir información, formar actores sociales, vigilar instituciones, participar en debates públicos y promover determinadas reformas.
Eso no significa automáticamente que esas organizaciones fueran instrumentos partidistas. Significa que su actividad podía tener consecuencias políticas.
COLOMBIA: una red mucho más grande que la disputa izquierda-derecha
Colombia representa quizá el ejemplo más voluminoso de la arquitectura estadounidense de asistencia.
El país llegó a recibir hasta $440 millones anuales de USAID y más de 80 programas, según datos citados por Reuters. La asistencia estaba vinculada a la implementación del acuerdo de paz de 2016, sustitución de cultivos de coca, reintegración de excombatientes, justicia, desarrollo rural y fortalecimiento institucional.
Los registros permiten identificar organizaciones y cantidades concretas.
En 2021:
| Organización | Programa | Fondos registrados |
|---|---|---|
| AFRODES + ONIC | Inter-Ethnic Alliance for Peace | $2,750,000 |
| CODHES | Victims Participation and Collective Reparation | $1,777,214 |
| Fundación Luker | The Cacao Effect | $1,599,784 |
| Bancamía | Productive Entrepreneurships for Peace | $1,514,990 |
| Manos Visibles | Pacific in Progress | $1,329,411 |
| COCOMACIA | Victims of War | $450,000 |
| Universidad de los Andes | Public Opinion Activity | $399,251 |
| Fundación Ideas para la Paz | Cacao Connects | $231,043 |
Los datos proceden de una reconstrucción académica de los registros de USAID/IATI.
Hay un detalle particularmente relevante: CODHES recibió alrededor de $1,78 millones en 2021 para participación de víctimas y reparación colectiva, mientras que AFRODES y ONIC recibieron conjuntamente $2,75 millones para una alianza interétnica por la paz.
¿Era esto financiación política? No necesariamente. Pero sí era financiación de actores con capacidad de intervenir en asuntos de enorme importancia política: víctimas, tierras, comunidades indígenas, población afrocolombiana, implementación del acuerdo de paz y participación ciudadana.
USAID incluso había recomendado décadas atrás fortalecer la capacidad política de organizaciones afrocolombianas para participar en la formulación de políticas públicas y promover su presencia en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Por eso Colombia obliga a matizar cualquier relato simplista sobre una supuesta red de izquierda. La cartera estadounidense incluía organizaciones sociales, ONG de derechos humanos, empresas, entidades académicas, instituciones públicas y proyectos de desarrollo económico.
La propia auditoría del Inspector General confirma que, en años recientes, la asistencia estadounidense estuvo especialmente orientada a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, y que USAID cumplió las restricciones legales impuestas por el Congreso sobre el uso de esos fondos.
BOLIVIA: el precedente que terminó con la expulsión de USAID
Otro capítulo fundamental es Bolivia donde la relación terminó de manera abrupta.
USAID llevaba décadas trabajando en el país. Un informe de la Government Accountability Office señaló que, entre 1992 y 2002, Estados Unidos había destinado alrededor de $63 millones a programas de democracia en Bolivia y que USAID había proporcionado asistencia electoral desde 1988.
La agencia también financió programas de descentralización, fortalecimiento institucional, desarrollo rural, alternativas al cultivo de coca y participación ciudadana.
La tensión aumentó durante el gobierno de Evo Morales.
En 2008, USAID destinaba aproximadamente $85 millones a programas de desarrollo en Bolivia, mediante acuerdos tanto con el gobierno como con organizaciones no gubernamentales.
En 2013, Morales expulsó definitivamente a USAID de Bolivia, acusándola de conspirar contra su gobierno.
La acusación boliviana y la respuesta estadounidense forman parte de una disputa política que no puede resolverse simplemente afirmando que una de las partes tenía razón. Pero el episodio demuestra que, para algunos gobiernos latinoamericanos, los programas de cooperación estadounidenses eran percibidos como una extensión potencial de la influencia política de Washington.
BRASIL: mucho dinero, pero poca evidencia para sostener la tesis electoral
Brasil es probablemente el caso donde más cuidado debe tenerse con la narrativa de que USAID financió directamente a la izquierda. Los registros oficiales muestran una importante presencia de USAID, pero buena parte del dinero estaba dirigido a Amazonía, biodiversidad, pueblos indígenas, salud, medio ambiente y desarrollo sostenible, no a campañas electorales.
Por ejemplo, el programa de conservación de la biodiversidad amazónica tenía un acuerdo bilateral de $80 millones para 2016-2024.
En 2022, entre los proyectos registrados aparecen aproximadamente:
- $2,809 millones para el Instituto Internacional de Educação do Brasil, destinado a cadenas de valor sostenibles y gestión territorial y ambiental en la Amazonía.
- $7,5 millones para Futures Group Global dentro de una iniciativa sanitaria.
- $4 millones para CGIAR.
- aproximadamente $5 millones destinados a UNICEF para la crisis migratoria venezolana.
El Instituto Internacional de Educação do Brasil, además, aparece en auditorías oficiales de USAID relacionadas con programas de gestión territorial y ambiental de tierras indígenas.
Esto es importante porque permite desmontar una posible exageración: la existencia de financiación de USAID en Brasil durante las elecciones de 2018 o 2022 no demuestra que USAID financiara al PT, a Lula o a una estructura electoral de izquierda.
Hasta donde llega la documentación revisada, esa conexión directa no queda demostrada.
El patrón regional: no necesariamente partidos, sino ecosistemas
Al comparar los casos aparece un patrón diferente al de una conspiración electoral simple. USAID construyó durante décadas una infraestructura de cooperación alrededor de:
ONG → sociedad civil → medios → derechos humanos → transparencia → elecciones → gobernanza → participación ciudadana → instituciones públicas.
En algunos países esa infraestructura se conectó con gobiernos de izquierda; en otros, con gobiernos de derecha; en otros, con organismos internacionales, comunidades indígenas, empresas o instituciones académicas.
La propia USAID describía sus programas de democracia como instrumentos para desarrollar organizaciones locales, fortalecer gobiernos, proteger derechos, impulsar procesos electorales y ampliar la participación ciudadana.
Ahí está precisamente el núcleo de la controversia. Quienes defienden estos programas los consideran asistencia para fortalecer democracias y sociedades civiles. Pero…
Sus críticos los consideran una forma de poder blando, porque el financiamiento crea redes institucionales y sociales capaces de influir en la agenda pública de países extranjeros.
Y Mike Benz lleva esa segunda interpretación mucho más lejos: sostiene que esas redes no fueron simplemente instrumentos de cooperación, sino componentes de una arquitectura internacional de influencia política.
El dato que cambia la pregunta
No debería reducirse a una pregunta binaria:“¿USAID financiaba a la izquierda?” Hay otra pregunta más difícil y esa es: ¿Qué organizaciones recibieron dinero estadounidense, qué actividades realizaron, qué actores políticos interactuaron con ellas y qué cambios concretos pueden vincularse —o no— con esos programas?
Porque una cosa es demostrar que USAID entregó millones de dólares a una organización. Otra, muy distinta, es demostrar que ese dinero terminó financiando una campaña electoral. Y una tercera, todavía más difícil, es demostrar que ese financiamiento cambió el resultado de una elección o produjo un cambio de gobierno.
Por eso la última afirmación exige evidencia mucho más fuerte que la mera coincidencia temporal entre financiación estadounidense y una victoria electoral. De ahí que a la hora de ir a los buscadores en ese sentido encontramos reticencias cuando intentamos ampliar en los buscadores.
La batalla por la interpretación
Cuando observamos el argumento de Benz nos enfrentamos a una nueva dimensión. Su tesis no consiste simplemente en afirmar que USAID entregaba dinero a ONG. Eso está ampliamente documentado.
La afirmación más importante es que esas redes de financiamiento constituyeron mecanismos de influencia política capaces de alterar el equilibrio ideológico de sociedades enteras.
La evidencia disponible permite documentar dos partes de la ecuación:
-la primera parte de la ecuación: dinero, programas, organizaciones y objetivos políticos o institucionales.
-la segunda parte —demostrar que esas redes determinaron elecciones concretas o instalaron gobiernos favorables a Washington— requiere una investigación individualizada que todavía no puede darse por probada para todos los países.
A partir de ahí es que se puede abrir una sustanciosa y verdadera investigación. Esa que no está en las consignas de Washington, ni en las acusaciones de sus adversarios, sino en los documentos donde queda evidenciado: quién recibió el dinero, cuánto recibió, quién lo administró, qué proyecto ejecutó, qué actores participaron y qué ocurrió después.
Continuará en una tercera parte 👉✍️
