Idolidia Darias / Florida / USA
USAID: el mapa del dinero y las redes de influencia en América (Brasil, Cuba, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Paraguat, Guatemala, México)
Foreign Assistance ForeignAssistance.gov identifica expresamente gobernanza, legislaturas, participación pública, elecciones y sociedad civil como categorías de asistencia estadounidense.
La discusión sobre USAID cambia cuando se abandona el discurso político y se entra en los documentos.
¿Cuánto dinero salió de Washington? ¿Quién lo recibió? ¿Bajo qué programa? ¿Qué actividad desarrolló? ¿Trabajó con instituciones públicas, organizaciones sociales, medios o actores electorales? ¿Existe un vínculo partidista demostrable?
Estas preguntas permiten separar tres categorías que con frecuencia aparecen mezcladas: asistencia al desarrollo, intervención institucional e influencia política.
La propia base oficial de ayuda exterior de Estados Unidos permite rastrear los programas, organismos administradores, beneficiarios y cantidades. El portal señala que reúne información presupuestaria y financiera de los programas de asistencia exterior de las agencias estadounidenses.
La siguiente matriz reconstruye algunos de los casos más significativos.
Matriz Documental
| País | Organización / beneficiario | Monto documentado | Programa / año | Objetivo declarado | Actividad política comprobable | Vínculo partidista documentado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezuela | Pan-American Development Foundation | $6.398.906 | Civil Society Strengthening, Venezuela Participation Project, 2023 | Fortalecimiento de sociedad civil y participación | Participación ciudadana y fortalecimiento de organizaciones dentro del espacio político venezolano | No se demuestra en este registro un vínculo partidista directo |
| Venezuela | National Democratic Institute | $400.000 | Transparent Electoral Processes, 2014 | Procesos electorales transparentes | Trabajo relacionado directamente con procesos electorales | No aparece partido como beneficiario |
| Venezuela | International Republican Institute | $720.000 | Assisting Independent News Supply, 2014 | Apoyo a información independiente | Actividad relacionada con medios e información política | No equivale a financiación del Partido Republicano estadounidense ni de un partido venezolano |
| Venezuela | Freedom House | $300.000 | Assisting Independent News Supply, 2014 | Información y sociedad civil | Producción/distribución de información política | No demostrado |
| Venezuela | Freedom House | $300.000 | Liderazgo en derechos humanos, 2014 | Derechos humanos y sociedad civil | Formación/fortalecimiento de activistas | No demostrado |
| Ecuador | Corporación Participación Ciudadana | No aislado en el documento consultado | Strengthening Democratic Processes, 2022-23 | Transparencia e inclusión electoral | Monitoreó elecciones, violencia contra mujeres, propuestas de candidatos y cumplimiento de legislación sobre financiamiento de campañas | No documentado como brazo de un partido |
| Ecuador | Fundación Esquel | No aislado | Strengthening Democratic Processes, 2022-23 | Participación y transparencia | Participación en programas de sociedad civil y procesos políticos | No demostrado |
| Ecuador | Grupo FARO | No aislado | Strengthening Democratic Processes, 2022-23 | Participación y transparencia | Acercamiento entre ciudadanos y candidatos y participación pública | No demostrado |
| Ecuador | Fundamedios | No aislado | Strengthening Democratic Processes, 2022-23 | Información y democracia | Monitoreo de medios, verificación y combate a desinformación durante procesos políticos | No demostrado |
| Ecuador | Consejo Nacional Electoral | Asistencia institucional, monto no aislado en esta ficha | Strengthening Democratic Processes | Seguridad e integridad electoral | Ciberseguridad, simulaciones electorales, sistemas de resultados y controles de financiamiento de campañas | Institución estatal, no partido |
| Colombia | AFRODES + ONIC | $2,75 millones | Inter-Ethnic Alliance for Peace, 2021 | Participación y construcción de paz | Organización y participación política/social de comunidades étnicas | No se documenta financiación partidista |
| Colombia | CODHES | $1,777 millones | Victims Participation and Collective Reparation, 2021 | Participación de víctimas y reparación colectiva | Incidencia y participación de víctimas dentro del proceso de paz | No demostrado |
| Colombia | Universidad de los Andes | $399.251 | Public Opinion Activity, 2021 | Investigación/opinión pública | Producción y análisis de opinión pública | No demostrado |
| Colombia | Fundación Ideas para la Paz | $231.043 | Cacao Connects, 2021 | Desarrollo y construcción de paz | Trabajo en territorios afectados por el conflicto | No demostrado |
| Colombia | ARD Inc. | $20,203 millones | Strengthening Tenure and Resource Rights II, 2023 | Derechos de propiedad y tierras | Reforma/fortalecimiento institucional relacionado con derechos de propiedad | No demostrado |
| Colombia | Chemonics | $9,000.877 | Inclusive Justice Activity, 2023 | Justicia inclusiva | Fortalecimiento del sistema de justicia | No demostrado |
| Bolivia | Instituciones legislativas bolivianas | No individualizado en la fuente | Programas legislativos, 1992-96 y desde 2001 | Fortalecimiento del Congreso | Capacitación, investigación legislativa y relación entre diputados y electores | No partidista según el diseño declarado |
| Bolivia | Municipalidades | $14,6 millones en asistencia de gobernanza, 1992-2002 | Local Governance | Fortalecimiento municipal | Participación ciudadana y gobiernos locales | No demostrado |
| Bolivia | Sistema judicial / instituciones de justicia | $18,5 millones de USAID, 1992-2002 | Rule of Law | Reforma judicial | Reforma legislativa, Tribunal Constitucional, Consejo Judicial, Defensoría y defensa pública | No demostrado |
| Brasil | Instituto Internacional de Educação do Brasil | aprox. $2,809 millones en 2022 | Programa ambiental/territorial | Cadenas de valor sostenibles y gestión territorial | Trabajo con comunidades y territorios amazónicos | No demostrado vínculo partidista |
| Brasil | CIFOR-ICRAF | $4,691.765 en 2025 | Investigación forestal | Protección ambiental | Investigación y política ambiental | No demostrado |
| Paraguay | Centro de Estudios Ambientales y Sociales | $1,144.770 | Democracy and Governance Project, 2018 | Democracia y gobernanza | Actividad institucional y de gobernanza | No demostrado |
| Paraguay | Centro de Estudios Ambientales y Sociales | $2,324.230 | Programa USAID, 2018 | Desarrollo/gestión ambiental | Actividad social y ambiental | No demostrado |
| Nicaragua | ONG estadounidenses no identificadas | $2 millones | Gobierno y sociedad civil, 2021 | Democracia/gobernanza | Actividad de sociedad civil | Beneficiarios aparecen parcialmente ocultos |
| Nicaragua | ONG estadounidense no identificada | $1,7 millones | Democracy Fund, 2021 | Democracia y sociedad civil | Actividades de gobernanza y sociedad civil | No identificable por redacción oficial |
| El Salvador | Chemonics International | $7,019.474 | Citizen Security Project | Seguridad ciudadana | Gobernanza/seguridad | No demostrado |
| El Salvador | DAI | $9,203.152 | Investment Promotion Project | Inversión y desarrollo | Incidencia económica, no electoral | No demostrado |
| Guatemala | American Bar Association | $2,85 millones | Human Rights for All | Derechos humanos | Actividad institucional y jurídica | No demostrado |
| Guatemala | IBI International | $3,75 millones | Smart and Secure Cities | Gobernanza y seguridad urbana | Modernización institucional | No demostrado |
| México | Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza | $3,5 millones | Kalan Activity, 2025 | Conservación ambiental | Actividad ambiental | No demostrado |
| México | The Nature Conservancy | $2,199.119 | Sustainable Prosperous Communities, 2025 | Desarrollo sostenible | Actividad ambiental y comunitaria | No demostrado |
| Cuba | Foundation for Human Rights in Cuba | $1,295.621 | Cuba Democracy Program, 2023 | Democracia y sociedad civil | Apoyo a actividades vinculadas con derechos humanos y democracia | No partido; sí oposición/sociedad civil |
Los datos de Venezuela proceden de los registros oficiales de ForeignAssistance.gov, donde aparece expresamente el Venezuela Participation Project y su beneficiario. Los programas ecuatorianos están descritos directamente por USAID: la agencia reconoce apoyo a Participación Ciudadana, Esquel, Fundación Ciudadanía y Desarrollo y Grupo FARO; además, describe el monitoreo electoral, el seguimiento de propuestas de candidatos y el control de financiación de campañas.
En Colombia, el Inspector General de USAID confirma que la asistencia estadounidense se concentró en buena medida en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y que los programas involucraban gobiernos nacionales, municipales y locales, así como asociaciones de agricultores.
Los datos históricos de Bolivia son todavía más reveladores. La GAO calculó $63 millones de asistencia estadounidense relacionada con democracia entre 1992 y 2002, incluyendo $18,5 millones de USAID destinados al Estado de derecho y al menos $14,6 millones a gobernanza. También documentó asistencia legislativa, electoral y municipal.
El caso que más se acerca a la intervención política directa
Si la investigación pretende probar la tesis más fuerte de que USAID podía transformarse en un instrumento de intervención política, Venezuela merece un capítulo separado y la razón no es ideológica: es documental.
En Venezuela existe evidencia de programas para fortalecer sociedad civil, medios independientes y procesos electorales. Pero en 2019 ocurrió algo diferente: durante el reconocimiento estadounidense de Juan Guaidó como presidente interino, USAID canalizó fondos hacia estructuras vinculadas con la transición política venezolana.
Eso coloca a Venezuela en una categoría distinta de Brasil, México o buena parte de Colombia.
No se trataba solamente de financiar una organización ambiental, un programa de salud o una ONG de desarrollo. El dinero estaba relacionado con una estructura política reconocida por Washington como gobierno interino. Por eso Venezuela es probablemente el mejor caso para investigar la frontera entre asistencia democrática e intervención política.
Ecuador: El caso más transparente
En el caso de Ecuador seofrece otro dato especialmente importante porque USAID describe públicamente la actividad política de sus socios. No hace falta inferirla.
La agencia dice que Participación Ciudadana monitoreó las elecciones, comparó propuestas de candidatos y supervisó el cumplimiento de la legislación sobre financiación de campañas. También reconoce que sus programas acercaron ciudadanos a candidatos y que trabajó para aumentar la participación política de mujeres y jóvenes.
Esto permite formular una conclusión precisa: sí existió financiación estadounidense de actividades directamente relacionadas con el ecosistema electoral ecuatoriano.
Lo que no permite afirmar automáticamente es que USAID financiara candidatos determinados o que dirigiera una campaña electoral. Ahí en donde la diferencia es fundamental.
Colombia: Influencia institucional, no necesariamente partidista
Aquí se parecia que Colombia presenta una arquitectura diferente puesto que la asistencia estadounidense penetró profundamente en asuntos relacionados con tierras, justicia, víctimas, comunidades indígenas y afrocolombianas y ejecución del Acuerdo de Paz.
La auditoría de 2025 del Inspector General de USAID confirma que la agencia utilizó asistencia técnica para apoyar la implementación del acuerdo de 2016 y trabajar con distintos niveles del Estado y organizaciones sociales. Eso significa que la influencia potencial no necesariamente tenía que expresarse mediante un partido.
Podía producirse a través de: políticas públicas → instituciones → organizaciones sociales → comunidades → participación ciudadana.
Es precisamente este tipo de estructura el que permite a los críticos hablar de poder blando.Pero nuevamente: influencia potencial no equivale automáticamente a control político.
Bolivia: cuando la cooperación se convirtió en conflicto de soberanía
Con relacion a Bolivia es necesario ver un antecedente histórico especialmente importante.
La GAO encontró que entre 1992 y 2002 Estados Unidos destinó unos $63 millones a programas democráticos en Bolivia. USAID intervino en justicia, Congreso, gobiernos municipales, elecciones y participación ciudadana. El programa de gobernanza llegó a utilizarse en alrededor de 175 municipios, según la evaluación citada por la GAO.
Y es aquí donde aparece una cuestión que merece mayor investigación: ¿en qué momento el fortalecimiento de instituciones democráticas deja de ser cooperación y comienza a convertirse, desde la perspectiva del gobierno receptor, en construcción de una red política paralela?
El gobierno de Evo Morales terminó interpretando la presencia de USAID precisamente de esa manera y expulsó a la agencia en 2013.
La expulsión no demuestra que todas las acusaciones bolivianas fueran ciertas. Pero sí demuestra que la presencia de USAID había adquirido suficiente peso político como para convertirse en un conflicto bilateral.
Brasil: el caso que obliga a frenar
EL caso de Brasil es fundamental porque funciona como prueba de control de la hipótesis. Si la tesis fuera que USAID financió sistemáticamente a la izquierda latinoamericana, Brasil debería proporcionar evidencia contundente.
Sin embargo, los registros consultados muestran una proporción considerable de recursos dirigidos a Amazonía, medio ambiente, salud y desarrollo sostenible.
En 2019, toda la asistencia estadounidense registrada para Brasil ascendió a aproximadamente $80 millones, pero eso incluía múltiples agencias y sectores.
En consecuencia, no es metodológicamente correcto transformar ese monto en “dinero de USAID para Lula o el PT”. Tampoco aparece en los registros consultados evidencia suficiente para afirmar que USAID financió directamente al Partido de los Trabajadores durante las elecciones de 2018 o 2022.
Este punto es importante precisamente porque una investigación seria necesita identificar también lo que los documentos no demuestran.
EL MAPA IDEOLÓGICO NO COINCIDE AUTOMÁTICAMENTE CON EL MAPA FINANCIERO
Los datos producen una imagen más compleja y debe tenerse en cuenta la narrativa de una agencia que simplemente financiaba a la izquierda.
USAID financió:
- organismos electorales;
- organizaciones de derechos humanos;
- instituciones judiciales;
- legislaturas;
- gobiernos locales;
- ONG;
- universidades;
- organizaciones indígenas;
- grupos afrodescendientes;
- medios;
- proyectos ambientales;
- empresas;
- programas de seguridad;
- organismos internacionales.
ForeignAssistance.gov clasifica explícitamente dentro de “Good Governance” actividades como fortalecimiento de legislaturas, gobiernos locales, controles institucionales, participación pública y rendición de cuentas.
Por eso hay preguntas que no deben dejarse simplemente en “¿USAID financiaba a la izquierda?”
La investigación documental plantea una pregunta mucho más incómoda: ¿USAID construyó una infraestructura transnacional de actores sociales, institucionales y mediáticos capaz de ejercer influencia política, independientemente de que sus beneficiarios pertenecieran formalmente a un partido?
La evidencia permite responder que sí existió una infraestructura de asistencia orientada a instituciones y actores con capacidad de incidencia política. Pero todavía hay que demostrar, país por país, cuándo esa capacidad se convirtió en intervención partidista, manipulación electoral o cambio de gobierno.
La prueba más dificil de obtener: EL DINERO DESPUÉS DEL CHEQUE
El verdadero salto de esta investigación consistiría ahora en seguir cada dólar. No basta con saber que USAID entregó $1 millón a una organización.
Hay que reconstruir: USAID → contratista → ONG → subcontratistas → beneficiarios finales → proyecto → actividad → actores políticos → resultado.
Y después formular una segunda pregunta que abre más interrogantes luego de hacerla puesto que luego de indagar qué ocurrió con esos actores después de recibir el financiamiento aparecen de inmediato otras como:
¿Participaron en campañas?/¿Ingresaron a gobiernos?/¿Se convirtieron en asesores? /¿Apoyaron candidatos?/¿Participaron en movimientos de protesta?/¿Produjeron informes utilizados posteriormente por gobiernos extranjeros? /¿Crearon redes de periodistas o activistas?/¿Recibieron posteriormente fondos de otras agencias estadounidenses?
Ahí es donde la investigación puede pasar de un inventario de subvenciones a una verdadera cartografía de influencia.
Hasta ahor y con la documentación examinada se puede establecer algo mucho más preciso:
–USAID destinó durante décadas recursos estadounidenses a organizaciones y programas directamente relacionados con democracia, elecciones, gobernanza, sociedad civil, derechos humanos, medios y participación política en América Latina. La propia documentación oficial lo confirma.
También está documentado que en determinados momentos —especialmente Venezuela— la asistencia estadounidense llegó a acercarse directamente a estructuras de transición política.
Pero no existe una base documental suficiente para convertir todos esos programas en una única operación regional de financiamiento de la izquierda, ni para atribuir a USAID la responsabilidad directa por determinados resultados electorales sin demostrar la cadena causal.
La verdadera historia puede ser más compleja. No necesariamente una conspiración centralizada. Quizá algo más sofisticado:
una red descentralizada de financiamiento, capacitación, información, organizaciones civiles e instituciones que amplió durante décadas la capacidad de Washington para influir en los ecosistemas políticos latinoamericanos.
El caso de Cuba ocupa un capítulo especial ...continuará …
