Por David Aguila / Florida / USA Cilia Flores pide clemencia: la misma que tantos presos políticos nunca recibieron

Hay momentos en los que la historia coloca a sus protagonistas frente a un espejo. La petición de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y durante años una de las figuras más poderosas del chavismo, para cumplir bajo arresto domiciliario su detención en Estados Unidos debido a problemas de salud, inevitablemente devuelve la mirada hacia una realidad que Venezuela conoce demasiado bien: durante años, familiares de presos políticos reclamaron atención médica, condiciones dignas de reclusión, acceso a abogados, libertad y hasta la posibilidad de que sus seres queridos pudieran sobrevivir a las condiciones de las cárceles venezolanas.

Ahora es Cilia Flores quien, a través de sus abogados, solicita a un juez estadounidense consideración por su estado físico y acceso a atención especializada. Su defensa sostiene que padece problemas cardíacos y necesita tratamiento que, según sus abogados, no puede recibir adecuadamente en prisión. Flores y Nicolás Maduro se han declarado no culpables de los cargos que enfrentan, y corresponde exclusivamente a los tribunales estadounidenses decidir sobre su proceso y sus condiciones de detención.

Pero esta historia tiene una dimensión que va mucho más allá del expediente judicial de Cilia Flores. Porque mientras hoy su defensa reclama atención médica y una alternativa a la prisión, durante los años del gobierno de Maduro organismos internacionales documentaron casos de venezolanos detenidos por motivos políticos que denunciaron torturas, aislamiento, incomunicación, falta de atención médica y condiciones de encarcelamiento incompatibles con las obligaciones internacionales de derechos humanos.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas documentó, entre otras prácticas, golpizas, asfixia con bolsas plásticas, agua o sustancias químicas, descargas eléctricas, amenazas de muerte, posiciones de estrés, amenazas de violación contra los detenidos o sus familiares, privación sensorial, exposición constante a la luz, frío extremo y desnudez forzada. En varios casos, la misión concluyó que agentes del SEBIN estuvieron involucrados en esos abusos.

Uno de los casos más emblemáticos es el del diputado opositor Juan Requesens.( EE. UU. considera «ilegal» la detención del diputado Requesens ) Fue detenido arbitrariamente el 7 de agosto de 2018 y permaneció en prisión preventiva durante un período prolongado, mientras su familia denunciaba que había sido torturado durante sus primeros días bajo custodia del SEBIN y posteriormente obligado a grabar un video incriminatorio. Amnistía Internacional documentó esas denuncias y reclamó que se respetara su derecho a un juicio justo y sin demoras indebidas. Naciones Unidas, por su parte, señaló que en el caso de Requesens funcionarios del SEBIN presuntamente utilizaron sustancias psicotrópicas para obtener una confesión.

La historia de Gilber Caro. ( Denuncian aislamiento y trato cruel contra Gilber Caro) muestra otra dimensión del mismo problema. El diputado opositor estuvo detenido durante largos períodos, fue sometido a aislamiento y, según sus abogados y familiares, no recibió atención médica adecuada. Amnistía Internacional documentó que en 2017 Caro denunció ante un tribunal militar que recibía solamente una comida al día y que posteriormente inició una huelga de hambre debido a la falta de respuesta de las autoridades frente a sus condiciones de reclusión. Sus abogados y familiares llegaron a tener dificultades para comprobar su estado de salud y, según la documentación de Amnistía, cuando finalmente pudieron visitarlo confirmaron que no había recibido atención médica y que el aislamiento continuaba. Las autoridades venezolanas negaron que hubiera una situación urgente de salud.

La situación volvió a repetirse en 2019. Caro fue nuevamente detenido y permaneció durante casi dos meses en régimen de incomunicación. Durante ese período sus abogados y familiares intentaron conocer su paradero sin obtener información oficial. Amnistía Internacional calificó la situación de arbitraria y pidió al SEBIN que permitiera inmediatamente el acceso de sus familiares y abogados y que procediera a liberarlo. Finalmente, Caro fue puesto en libertad el 17 de junio de 2019, poco antes de la visita de la entonces alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Otro caso especialmente significativo es el de Rosmit Mantilla.(  https://youtu.be/Ep9a_aC6JqE?si=DV6Be8HbzdpNnH6N) diputado y activista de derechos humanos. En 2016, Amnistía Internacional denunció que las autoridades venezolanas le habían negado atención médica pese a que debía someterse a una intervención quirúrgica por múltiples cálculos en la vejiga, además de sufrir ataques recurrentes de vesícula y otros problemas de salud. Lo más grave es que, según Amnistía, existía una orden judicial para que fuera operado, pero en lugar de ser trasladado para recibir tratamiento fue enviado a una celda de castigo. Su estado de salud se estaba deteriorando rápidamente.

Y después está Fernando Albán. ( https://youtu.be/cykT6GpXokg?si=nGKaKH1m-q7EmAKf)  cuyo caso terminó de la manera más dramática posible: con su muerte bajo custodia del Estado. Albán, dirigente opositor y concejal de Caracas, fue detenido por agentes del SEBIN el 5 de octubre de 2018 después de regresar de Estados Unidos. Naciones Unidas investigó su caso y señaló que murió mientras estaba bajo custodia del SEBIN. La misión internacional también indicó que las autoridades venezolanas afirmaron públicamente que se había tratado de un suicidio, pero que existían elementos forenses que generaban dudas sobre esa conclusión.

La familia de Albán no aceptó la explicación oficial y reclamó una investigación independiente. Su viuda, Meudy Osío, pidió la intervención de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos para esclarecer la muerte de su esposo, argumentando que había fallecido bajo custodia estatal en circunstancias que consideraban inexplicadas.

Estos casos permiten entender por qué la petición de Cilia Flores genera una reacción tan poderosa entre quienes recuerdan la historia reciente de Venezuela. No porque una persona deba ser privada de atención médica por haber pertenecido a un gobierno acusado de graves violaciones de derechos humanos, sino precisamente porque los derechos humanos deberían ser universales. Si Cilia Flores necesita atención médica, debe recibirla. Si la legislación estadounidense permite que un juez considere el arresto domiciliario, tiene derecho a solicitarlo. Si enfrenta acusaciones penales, tiene derecho a defenderse y a ser considerada inocente hasta que un tribunal determine lo contrario.

Pero los mismos principios debieron haber protegido a Juan Requesens, Gilber Caro, Rosmit Mantilla, Fernando Albán y a tantos otros venezolanos detenidos durante el gobierno de Maduro.

Y aquí aparece la contradicción que la historia no puede borrar. Mientras familiares de presos políticos venezolanos acudían a abogados, organizaciones internacionales, Naciones Unidas, Amnistía Internacional y otros mecanismos de presión para reclamar información, atención médica, acceso familiar, juicios justos o libertad, las autoridades venezolanas mantenían un sistema de detención que organismos internacionales describieron como escenario de graves violaciones. Human Rights Watch y otras organizaciones también documentaron posteriormente casos de personas detenidas en régimen de incomunicación, cuyos familiares y abogados presentaron solicitudes de visita y acceso que quedaron sin respuesta.

La dimensión del problema tampoco puede reducirse a unos cuantos casos aislados. Amnistía Internacional ha señalado que durante el gobierno de Maduro cientos de personas sufrieron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otras violaciones por oponerse o criticar al gobierno. Human Rights Watch ha descrito igualmente un patrón de persecución contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.

Por eso, cuando hoy Cilia Flores reclama que se considere su estado de salud, la pregunta histórica no es si ella merece atención médica. La merece. Tampoco se trata de pedir que sea sometida a malos tratos. Nadie debería serlo. La pregunta verdaderamente incómoda es por qué esos mismos principios de humanidad y consideración no fueron una garantía efectiva para tantos venezolanos que los reclamaron desde las cárceles durante los años en que Maduro ejercía el poder y Cilia Flores ocupaba una posición central dentro de ese sistema político.

La justicia no debería convertirse en venganza. Si Cilia Flores necesita tratamiento, debe recibirlo. Si corresponde concederle arresto domiciliario, será un juez quien lo determine. Pero tampoco debería existir una justicia selectiva en la memoria. Las familias de los presos políticos que suplicaron atención médica, visitas, información sobre el paradero de sus seres queridos y libertad también merecen que sus historias sean recordadas.

Porque la verdadera medida de un Estado de derecho no consiste en cómo trata a sus adversarios cuando están indefensos, sino en si reconoce sus derechos incluso cuando resultan incómodos para quienes gobiernan.

Hoy Cilia Flores puede presentar una petición ante un tribunal estadounidense, exponer su situación médica, contar con abogados y esperar una decisión judicial. Eso es exactamente lo que debe ocurrir en un sistema basado en garantías.

Pero miles de venezolanos también reclamaron esas garantías.

Juan Requesens las reclamó. Gilber Caro las reclamó. Rosmit Mantilla las reclamó. La familia de Fernando Albán las reclamó. Y organismos internacionales reclamaron por ellos.

La diferencia es que hoy Cilia Flores puede pedir clemencia ante un juez independiente en un país extranjero. Muchos venezolanos tuvieron que pedirla ante las mismas estructuras de poder que los habían encarcelado.

Y esa es la parte de esta historia que Venezuela no debería olvidar.

Porque la clemencia no puede ser un privilegio que aparece únicamente cuando el poder cambia de manos. Debe ser un principio que proteja a todos, especialmente cuando quien la necesita ya no tiene poder para protegerse a sí mismo.