Por Idolidia Darias / Florida / USA  / Del archivo borrado al memoricidio: cuando desaparecer la evidencia también significa borrar la historia

En 2013, mientras permanecía refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, Julian Assange lanzó una advertencia que hoy parece menos una reflexión tecnológica que un diagnóstico sobre el poder: en la era digital, borrar un registro puede convertirse en una forma de borrar el pasado.

La diferencia entre un archivo físico y uno digital puede parecer meramente técnica, pero sus consecuencias históricas son mucho más profundas. Un periódico impreso, una carta, un expediente o un libro pueden ser confiscados o destruidos, pero las copias, testimonios y ejemplares dispersos pueden permitir reconstruir posteriormente aquello que alguien intentó eliminar.

En el universo digital, el mecanismo puede ser mucho más silencioso.

Una página desaparece. Un enlace deja de funcionar. Una fotografía es retirada. Una publicación es eliminada. Una base de datos cambia. Un documento deja de estar disponible. Y, con el tiempo, puede surgir una situación paradójica: si nadie conserva una copia verificable, la ausencia de la evidencia puede terminar siendo utilizada para cuestionar que el hecho haya ocurrido.

Ahí es donde la advertencia de Assange adquiere una dimensión política. Porque el problema no es solamente quién controla la información del presente. El problema es quién tendrá la capacidad de reconstruir el pasado mañana.

El memoricidio comienza mucho antes de que desaparezca el último documento

El concepto de memoricidio describe un fenómeno que va más allá de la censura convencional. No se trata únicamente de prohibir una obra, silenciar a un escritor o destruir un monumento. El memoricidio implica intervenir sobre los mecanismos mediante los cuales una sociedad conserva, transmite y reconstruye su memoria histórica.

Puede comenzar con la censura. Continúa con la eliminación de testimonios. Avanza mediante la sustitución de versiones históricas. Y alcanza su máxima expresión cuando una generación pierde incluso las herramientas necesarias para comprobar que una determinada versión del pasado fue alguna vez cuestionada.

En ese sentido, la destrucción de la memoria no requiere necesariamente quemar bibliotecas. Puede consistir en controlar qué documentos permanecen disponibles, cuáles desaparecen, cuáles son considerados legítimos y cuáles quedan fuera de los archivos oficiales.

La tecnología digital puede convertirse, paradójicamente, en una extraordinaria herramienta para preservar la memoria y, al mismo tiempo, en una infraestructura susceptible de facilitar su manipulación.

Ese es el verdadero dilema.

Cuba: el laboratorio de una batalla por la memoria

La experiencia cubana ofrece un terreno particularmente revelador para estudiar esta cuestión. Durante más de seis décadas, el Estado cubano ha ejercido un fuerte control sobre los medios de comunicación, los archivos oficiales, la educación y la producción cultural. La interpretación de acontecimientos fundamentales de la historia nacional ha estado durante décadas sometida a una narrativa oficial que determina qué hechos deben ser exaltados, cuáles condenados y cuáles simplemente relegados al silencio.

La Revolución de 1959 no solamente transformó las estructuras políticas y económicas de la isla. También produjo una profunda batalla por la interpretación del pasado.

La historia anterior a 1959 fue progresivamente presentada bajo una narrativa centrada en corrupción, dependencia extranjera y fracaso republicano, mientras que la Revolución construyó su propia legitimidad histórica alrededor de conceptos como soberanía, justicia social, resistencia y continuidad de la lucha independentista.

El problema no reside en que una sociedad revise críticamente su historia. Eso es normal y necesario.

El problema aparece cuando una sola estructura de poder adquiere la capacidad de establecer qué parte de esa historia puede ser enseñada, publicada, exhibida o recordada.

Y es precisamente ahí donde el concepto de memoricidio adquiere una dimensión política.

Porque una sociedad puede perder su memoria no solamente cuando sus documentos son destruidos, sino también cuando sus nuevas generaciones dejan de tener acceso a las múltiples versiones, testimonios y evidencias necesarias para contrastar el relato oficial.

De los libros prohibidos al algoritmo

Durante décadas, el control podía ejercerse mediante mecanismos relativamente visibles: prohibir un libro, retirar una película, cerrar una publicación, censurar una canción, expulsar a un escritor o impedir la circulación de determinados testimonios.

La digitalización cambia las reglas.

Ahora la batalla puede trasladarse a los servidores, las plataformas y los motores de búsqueda.

Un contenido puede seguir existiendo técnicamente, pero resultar prácticamente invisible. Puede desaparecer de una plataforma. Puede quedar enterrado entre millones de resultados. Puede perder sus referencias originales. Puede desaparecer el sitio que lo alojaba.

Y existe una diferencia fundamental entre que una información esté prohibida y que sea imposible encontrarla.

La primera genera resistencia.

La segunda puede generar olvido.

Ese es uno de los aspectos más inquietantes del memoricidio digital.

¿Qué ocurre con la memoria del exilio cubano?

La pregunta resulta especialmente importante para una comunidad como la cubana, cuya historia contemporánea está marcada por el exilio.

Millones de cubanos han abandonado la isla durante diferentes oleadas migratorias. Con ellos viajaron fotografías, cartas, diarios personales, testimonios, documentos familiares y recuerdos de acontecimientos que en muchos casos no aparecen —o no aparecen de la misma manera— en los archivos oficiales.

Pero existe un riesgo adicional. Una parte creciente de esa memoria ya no está guardada en papel. Está en Facebook, YouTube, X, blogs, páginas personales, discos duros, teléfonos celulares y plataformas digitales.

¿Qué ocurrirá dentro de treinta o cincuenta años si esas plataformas desaparecen?

¿Qué pasará con los testimonios de quienes documentaron la represión, el éxodo, las protestas, las cárceles, la crisis económica o la vida cotidiana bajo el sistema cubano?

¿Quién garantizará que esas imágenes continuarán siendo accesibles? ¿Y quién podrá demostrar que existieron si los originales desaparecen?

No se trata de afirmar que cada eliminación digital sea una operación de censura. Muchas obedecen a razones técnicas, comerciales, legales o simplemente al cierre de una plataforma.

Pero precisamente por eso el problema es más complejo.

La memoria histórica contemporánea está quedando depositada en manos de estructuras que no fueron creadas para funcionar como archivos históricos.

La paradoja cubana

Existe una paradoja particularmente dolorosa.

El régimen cubano ha intentado durante décadas controlar la narrativa histórica mediante el control de la información. Sin embargo, Internet permitió que aparecieran miles de testimonios alternativos capaces de desafiar ese monopolio.

-Videos de protestas.

-Fotografías.

-Testimonios de presos políticos.

-Relatos de exiliados.

-Documentos desclasificados.

-Investigaciones independientes.

-Publicaciones de periodistas y activistas.

-Archivos familiares.

Todo ello ha creado una memoria paralela que dificulta la pretensión de una única versión de la historia.

Pero esa memoria también es vulnerable. Porque Internet no es un archivo eterno.

Y una generación que deposita su memoria exclusivamente en plataformas privadas puede descubrir demasiado tarde que conservar información no significa necesariamente garantizar su permanencia.

El memoricidio perfecto

El memoricidio más eficaz no sería aquel en el que alguien destruye todos los documentos. Sería aquel en el que consigue que las nuevas generaciones no sepan que esos documentos existieron.

Ese mecanismo es mucho más sofisticado.

Primero desaparece el documento. Después desaparece la referencia al documento. Más tarde desaparece el testimonio que lo mencionaba. Finalmente, desaparece de la conversación pública.

Y cuando llega una nueva generación, la pregunta deja de ser “¿por qué ocurrió esto?” para convertirse en “¿realmente ocurrió?” Ahí se produce la victoria definitiva del olvido.

Por eso la advertencia de Assange merece ser leída más allá de la controversia política que rodea su figura. El asunto no es Assange. El asunto es el poder de los archivos.

Quien conserva la evidencia conserva una posibilidad de disputar la historia. Quien controla la evidencia puede influir sobre la versión del pasado.

Y quien consigue que una sociedad pierda las pruebas de su propia historia puede llegar a controlar incluso la memoria de quienes todavía no han nacido.

Cuba necesita preservar su memoria antes de que otros decidan qué merece ser recordado

La respuesta al riesgo del memoricidio no puede ser sustituir una propaganda por otra. Tampoco consiste en convertir cualquier testimonio en verdad absoluta.

Consiste en conservar las evidencias, multiplicar las copias, identificar las fuentes, contextualizar los testimonios y permitir que distintas versiones puedan ser confrontadas.

Archivos físicos y digitales.

Bibliotecas.

Hemerotecas.

Testimonios orales.

Documentos oficiales.

Archivos del exilio.

Fotografías.

Videos.

Grabaciones de radio.

Correspondencia privada.

Documentos judiciales.

Archivos internacionales.

Todo debe ser preservado. Porque la memoria de una nación no pertenece a un gobierno, a un partido ni a una generación. Pertenece a la nación.

Y en el caso cubano, preservar esa memoria significa también impedir que seis décadas de propaganda, censura, exilio y silencios terminen produciendo algo todavía más peligroso que la censura: una sociedad que ya no pueda demostrar aquello que vivió.

Ese sería el memoricidio en su forma más acabada. No necesariamente quemar la historia. Hacer que desaparezca la evidencia de que alguna vez estuvo escrita.