Lo que la Dictadura en Cuba no puede impedir ni esconder

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La Dictadura ha convertido en “delito” tomar fotos o hacer entrevistas en las calles y publicarlas en las redes sociales.  

Las denuncias por medios visuales y testimonios desde la isla se han convertido en una preocupación del régimen y lo digo no porque tenga acceso a lo que se dicta en las salas de los heraldos del terror, sino por la suma de acciones contra los que desde Cuba usan sus teléfonos celulares para hacerlo.

Son víctimas de acoso, detenciones,  multas y amenazas de aplicarle la -no sé si llamarle ley o engendro  a la “usurpación de funciones públicas”- que desde hace poco más de un año están usando contra   periodistas independientes y ciudadanos que reportan su entorno.

Activistas de UNPACU
Yordanys Labrada (izq)  Arianna Avila (Der)

En estos últimos tres meses decenas de cubanos de diferentes regiones han sido víctimas de los represores por divulgar en las redes sociales -Twitter, Facebook y You Tube lo que ocurre y  además por dar curso en sus perfiles de las denuncias ciudadanas.

En la última semana Arianna Avila, Yordanys Labrada y Alexander Avila tres jóvenes de Alto Songo en Santiago de Cuba fueron detenidos, interrogados, y dos de ellos multados y acusados de incurrir en el supuesto “delito” de usurpación de funciones.

El arresto y las amenazas ocurrieron tres días después de que en Radio Martí se le diera voz a los realizadores de un audiovisual donde exponen el drama de familias  en extrema pobreza en Alto SOngo, entre ellas, el de una mujer que relata cómo dio a luz un hijo muerto en su vientre por negligencia y abandono del  todos los que componen el ineficiente entramado gubernamental.

Les comparto el mensaje que via Facebook me hizo llegar Yordanys labrada: “Si estuve detenido junto a mi esposa Arianna y el activista Alexander Avila por 5 días y estamos acusados de Usurpación de Funciones por el activismo q venimos llevando en el municipio de Songo la Maya. Que sacamos a la luz problemas sociales que existen en la comunidad principalmente de viviendas y mi organizacion UNPACU lo sube a su canal. Allanaron mi vivienda en presencia de mis hijos y maltrataron verbalmenta a mi esposa. Además en la casa de mi hermana donde tengo mis instrumentos de trabajo que realizo obras de artesanías y es el sustento de mi familia me decomisaron todo que está valorado alrededor de 50 000 pesos.

Este es uno de los audiovisuales  hechos por  Arianna Avila, Yordanys Labrada y Alexander Avila.

 

También en esta semana Yeroslany Calderín fue multado con dosmil pesos por distribuir materiales relacionados con la campaña Cuba Decide en Palma Soriano.

Esos audiovisuales forman parte de una serie de más de veinte trabajos titulada  “Crece la miseria en zonas rurales”.

A criterio de José Daniel Ferrer coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba las publicaciones están en la mira de la dictadura porque los expone tal como son ante el país  y ante el mundo.

Otro de los audivisuales presentados por ese grupo opositor trata el caso de Yeroslandi Calderín Alvarado de Palma Soriano, municipio del oriente cubano, al que impusieron  ahora en junio dos mil pesos de multa que se suman a otra de dos mil impuesta en marzo pasado por una acción similar.

 

El supuesto delito es haber distribuido materiales impresos sobre la propuesta ciudadana Cuba Decide.

35206647_1020642744756409_7582611503769976832_nFerrer califica de nueva modalidad la acusación del delito de “usurpación” que antes usaban contra los periodistas independientes y que ahora  esta presente en cada amenazas a los ciudadanos que usan las redes sociales para reportar lo que ocurre en su entorno.

Eliecer Góngora, por citar otro casos más del Oriente cubano forma parte de la lista de ciudadanos amenazados y multados en lo que va de año.

Yoandris Verane, de Contramaestre ha recibido varias amenazas por publicar fotos en tiempo real de situaciones que ocurren en esa localidad. En  varias ocasiones   ha sido amenazado con aplicarle “usurpación de capacidad legal”.  

 El presunto delito está contemplado en el Artículo 149 del Codigo Penal dentro del “Ejercicio Fraudulento de Funciones Públicas”.

“Quien con ánimo de lucro u otro fin malicioso, o causando daño o perjuicio a otro, realice actos propios de una profesión para cuyo ejercicio no está debidamente habilitado, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”.

 

 

 

 

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