Idolidia Darias / Florida / USA / Mientras en salones y oficinas se negocian las riquezas del país la expansión de los grupos armados convierte al sur de Venezuela en un territorio de riesgo para la infancia. Una crisis humanitaria que se desplaza a comunidades indígenas
La captación y el reclutamiento de niños y adolescentes por organizaciones armadas irregulares están dejando de ser una amenaza para convertirse en una realidad en el sur de Venezuela. En el municipio Cedeño, estado Bolívar, las denuncias describen una situación especialmente preocupante: mientras algunos menores son atraídos mediante dinero, regalos y promesas de una vida diferente, otros son llevados por la fuerza. La expansión de estas estructuras está generando una crisis humanitaria que recuerda los patrones de violencia que durante décadas han afectado a Colombia.
El reclutamiento de niños y adolescentes por grupos armados ilegales ha comenzado a adquirir una dimensión particularmente alarmante en territorios del sur venezolano. Las comunidades indígenas y rurales que habitan las zonas próximas al Orinoco y la cuenca del Caura se enfrentan a una creciente exposición a organizaciones que buscan ampliar su control territorial y consolidar sus redes de operación.
Un reportaje publicado por Amazon Underworld describe la gravedad de esta situación en el municipio Cedeño, donde el reclutamiento infantil ya forma parte de las amenazas que enfrentan las familias. Según los testimonios recogidos, algunos menores son seducidos con pequeñas cantidades de dinero y una imagen idealizada de la vida dentro de los grupos armados. En otros casos, directamente se los llevan por la fuerza.
La diferencia entre ambas modalidades no reduce la gravedad del problema. Tanto la captación mediante engaños y necesidades económicas como el traslado coercitivo de menores constituyen formas de vulneración de sus derechos y pueden terminar incorporándolos a estructuras armadas, economías ilegales y actividades de apoyo logístico.
El ELN y las disidencias de las FARC extienden su influencia
La situación no puede entenderse como un fenómeno aislado. Detrás de estas denuncias aparece la presencia de organizaciones guerrilleras colombianas que llevan años operando en territorio venezolano, particularmente en regiones estratégicas por sus recursos minerales, sus rutas de comunicación y las posibilidades de desarrollar actividades ilícitas.
Entre las estructuras señaladas se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Segunda Marquetalia. Ambas mantienen presencia en distintas zonas de la Amazonía venezolana y han protagonizado disputas por el control de territorios, explotaciones mineras y corredores utilizados para el tráfico de drogas.
Una investigación de Amazon Underworld, publicada el 12 de noviembre de 2026, documentó la presencia de estas organizaciones en el sur del Orinoco y describió cómo sus enfrentamientos están transformando la vida de las comunidades indígenas de Bolívar.
El reportaje recoge el testimonio de habitantes de La Lajita, en Cedeño, quienes denunciaron que integrantes del ELN intentaron llevarse a un niño de 12 años. Su padre ofreció ocupar su lugar y posteriormente desapareció. Los habitantes recibieron además amenazas de que regresarían para llevarse a otros jóvenes de la comunidad. Amazon Underworld+1
Este episodio ilustra una de las dimensiones más graves del problema: las familias no solamente temen quedar atrapadas en los enfrentamientos entre organizaciones armadas, sino que también deben proteger a sus hijos de la captación, el secuestro y el reclutamiento forzado.
Las escuelas también están quedando expuestas
La penetración de los grupos armados en las comunidades ha comenzado a afectar espacios que tradicionalmente funcionaban como mecanismos de protección para la infancia.
El 2 de noviembre, la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) difundió una denuncia sobre la ocupación de una escuela vinculada a Fe y Alegría en la comunidad indígena eñepa de La Batea, municipio Cedeño.
Según la información difundida por la organización, la presencia de hombres armados obligó a docentes y familias a abandonar el sector por razones de seguridad.
Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, advirtió que la ocupación de estos espacios no representa únicamente una interrupción de las actividades escolares. También supone la pérdida de uno de los principales entornos cotidianos de protección de los menores.
Entre los riesgos identificados mencionó el reclutamiento, la utilización de niños para labores de vigilancia y apoyo logístico, el secuestro, la trata de personas, la explotación sexual y el desplazamiento forzado.
La organización también recordó que el problema venía acumulándose. En octubre de 2025, las autoridades venezolanas habían reconocido la presencia del ELN y de disidencias de las FARC en la comunidad de Los Pijiguaos. redhnna.org
Cuando una escuela deja de funcionar porque sus docentes y estudiantes tienen que huir, las consecuencias trascienden el ámbito educativo. Los niños pierden sus espacios de socialización, sus rutinas, sus referentes adultos y, en muchos casos, el vínculo con sus propias comunidades.
Una crisis humanitaria que desplaza a comunidades indígenas
El reclutamiento infantil forma parte de una situación de violencia mucho más amplia.
La investigación de Amazon Underworld documentó el desplazamiento de al menos 200 familias, según estimaciones conservadoras de fuentes consultadas en el territorio. Entre las comunidades afectadas figuran La Lajita, Las Bateas, Ekunay y varios asentamientos indígenas ubicados en las riberas de los ríos Parguaza y Caura.
Los enfrentamientos, la instalación de explosivos, las amenazas y la utilización de drones con cargas explosivas han limitado las posibilidades de las familias de desplazarse, cultivar sus tierras, pescar y desarrollar sus actividades cotidianas.
La presencia de minas terrestres añade otro peligro. El reportaje señala que cuatro civiles habían resultado víctimas de estos artefactos en Cedeño durante 2026, además de varios animales.
La huida de las comunidades indígenas tiene consecuencias especialmente profundas. No significa solamente abandonar una vivienda, sino romper vínculos familiares, culturales y territoriales que forman parte de su identidad colectiva.
En el caso de los pueblos jivi, eñepá y wötjüja, la pérdida del territorio ancestral amenaza también la transmisión de sus lenguas, tradiciones y formas de organización comunitaria. Amazon Underworld
Un fenómeno documentado también por organismos internacionales
Las denuncias recientes no constituyen la primera advertencia sobre el reclutamiento de menores en Venezuela.
El informe de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA), publicado en julio de 2026, documentó la utilización de niños indígenas por organizaciones guerrilleras. El documento recoge investigaciones que describen mecanismos de captación mediante regalos, pequeños pagos y promesas de afecto.
También señala que algunos menores terminan desempeñando actividades en explotaciones mineras, cobrando extorsiones, participando en castigos violentos o transportando drogas a través de las fronteras.
La investigación advierte que abandonar estas organizaciones puede resultar extremadamente difícil y que existen casos de jóvenes que han sido asesinados después de intentar escapar. Venezuela: Country Focus
Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe sobre trata de personas correspondiente a 2026, también documentó el reclutamiento y utilización de niños por organizaciones armadas colombianas que operan en territorio venezolano.
El documento recoge denuncias de desplazamiento interno de familias que abandonaron sus comunidades por temor a que sus hijos fueran secuestrados o incorporados a grupos armados.
Asimismo, identifica la explotación de menores en actividades delictivas y trabajos forzados, incluidos sectores como la minería. ecoi.net
Estos antecedentes muestran que el problema tiene una dimensión nacional y fronteriza, aunque las denuncias recientes de Cedeño revelan una situación particularmente preocupante en el sur del país.
La disputa por los recursos y el control territorial
La expansión de las organizaciones armadas no puede separarse de los intereses económicos que confluyen en el sur venezolano.
El municipio Cedeño posee importantes reservas minerales, entre ellas bauxita, coltán, estaño y otros recursos de interés estratégico. La explotación minera ilegal y el control de los corredores utilizados para el transporte de mercancías y drogas representan fuentes de ingresos para las estructuras criminales.
En ese contexto, las comunidades indígenas quedan atrapadas entre organizaciones que buscan controlar las explotaciones, imponer reglas de convivencia, establecer mecanismos de extorsión y consolidar su presencia territorial.
El reportaje de Amazon Underworld describe cómo estas estructuras fueron construyendo redes locales de influencia, incorporando a determinados habitantes a sus actividades y estableciendo mecanismos de control sobre la población.
La disputa entre el ELN y la Segunda Marquetalia ha intensificado los enfrentamientos y agravado la inseguridad de las comunidades. Amazon Underworld+1
Venezuela comienza a experimentar una realidad conocida en Colombia
Durante décadas, el reclutamiento de menores ha sido una de las consecuencias más dolorosas del conflicto armado colombiano. Organizaciones guerrilleras, disidencias y otros grupos armados han utilizado a niños y adolescentes como combatientes, informantes, mensajeros y colaboradores en distintas actividades ilegales.
La situación descrita ahora en el sur de Venezuela presenta características similares: captación mediante incentivos económicos, amenazas contra las familias, incorporación forzada, desplazamiento de comunidades y utilización de menores en actividades relacionadas con las economías ilícitas.
La diferencia es que, para numerosas comunidades venezolanas, estas prácticas representan una amenaza que ha adquirido una dimensión especialmente visible en los últimos años.
No se trata únicamente de una disputa entre organizaciones armadas colombianas trasladada al otro lado de la frontera. Se trata de la consolidación de estructuras de poder que afectan directamente la seguridad, la educación y los derechos fundamentales de la población venezolana.
El problema exige respuestas que vayan más allá de los operativos militares. Es necesario identificar y rescatar a los menores reclutados, proteger a las familias amenazadas, garantizar el regreso de los niños a las escuelas y establecer mecanismos independientes de investigación y seguimiento.
También resulta indispensable esclarecer las responsabilidades de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad en estos territorios y determinar por qué organizaciones armadas extranjeras han podido consolidar estructuras de control durante tantos años.
La infancia no puede convertirse en una reserva de combatientes, mano de obra o colaboradores para las economías ilegales.
Lo que ocurre en Cedeño plantea una advertencia que Venezuela no debería ignorar: cuando los grupos armados comienzan a decidir quién puede permanecer en una comunidad, quién puede estudiar y hasta dónde pueden llegar sus hijos, el problema deja de ser exclusivamente de seguridad. Se convierte en una crisis de protección de la población y de pérdida efectiva del control territorial.
Fuentes principales para el reportaje
- Amazon Underworld — Landmines, drone-attacks and combat: The War in Southern Venezuela That Is Displacing Indigenous People (12 de noviembre de 2026).
- REDHNNA — Grupos armados ocupan una escuela de Fe y Alegría en comunidad indígena de Bolívar (2 de noviembre de 2026).
- European Union Agency for Asylum — Venezuela: Country Focus (julio de 2026).
- Departamento de Estado de EE. UU. — 2026 Trafficking in Persons Report: Venezuela.
- Armando.info
Nota editorial: Las cifras de desplazamiento y los episodios concretos de reclutamiento proceden de testimonios y fuentes territoriales citados por las investigaciones periodísticas. No deben interpretarse como un censo oficial de víctimas. Asimismo, las denuncias sobre posibles relaciones entre autoridades y organizaciones armadas requieren investigaciones independientes antes de establecer responsabilidades individuales.
