Por Redacción / Florida / USA

—para un cubano con I-220A o un caso de asilo pendiente, pulsar el botón de “salida voluntaria” no es simplemente aceptar un pasaje gratis y $3.000; puede significar abandonar un proceso migratorio, ejecutar una orden de remoción o poner en riesgo una eventual vía hacia la residencia.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está utilizando la aplicación móvil CBP Home para incentivar la salida voluntaria de los extranjeros que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Una vez que los inmigrantes indocumentados que no hayan cometido delitos presenten su intención de salir del país a través de la aplicación móvil CBP Home y superen el proceso de verificación, el ICE les dará prioridad reducida temporalmente para la detención o la aplicación de la ley antes de su fecha de salida programada.

El DHS afirma que más de 2 millones de personas se han auto-deportado desde enero de 2025 (1,9 millones a finales de 2025 y 2,2 millones a mayo de 2026), lo que sumado a 600.000-900.000 expulsiones formales daría un total de más de 3 millones de salidas; esas cifras globales no se desglosan con metodología pública y analistas independientes las consideran infladas.

El programa verificable CBP Home/Project Homecoming (bono de 1.000-3.000 dólares + vuelo gratis) ha gestionado unas 132.000 salidas confirmadas hasta julio de 2026, con otros 70.000 inscritos pendientes; aproximadamente la mitad de esos casos salió desde centros de detención de ICE, no desde la comunidad.

Las órdenes judiciales de “voluntary departure” (salida voluntaria sin orden formal de deportación) saltaron de unos pocos cientos al mes a más de 9.000 en marzo de 2026 y superaron las 80.000 entre enero 2025 y marzo 2026; el aumento se concentra en personas ya detenidas que eligen irse para acortar su estancia (promedio de 17 días frente a 50).

DATOS POR ESTADOS

Las únicas cifras estatales publicadas corresponden a órdenes judiciales de “salida voluntaria” (septiembre 2025-febrero 2026): Texas lidera con 12.400, seguido de Luisiana (5.400), Florida (3.700), Georgia (3.400), California (3.200) y Nueva York (1.500); en tres cuartas partes de los estados el aumento superó el 500% respecto al final de la administración Biden.

No existe desglose público por estado del programa CBP Home/Project Homecoming (132.000 salidas confirmadas a julio de 2026); la mayor parte de esas salidas incentivadas venta de centros de detención, por lo que los estados con más camas ICE y operativos intensos (Texas, Luisiana, Illinois en la ofensiva Midway Blitz) concentran las tasas más altas de auto-deportación desde custodia.

Texas también encabeza los arrestos de ICE (más de 63.000 en 2026 hasta agosto), lo que explica su primacía tanto en volumen absoluto como en el salto porcentual; Georgia muestra el mayor incremento relativo (más de 2.200 %), coherente con la expansión de detención y la reducción de fianzas.

CUBANOS ATRAPADOS

En el caso de los cubanos, detrás de las cifras generales existe una población atrapada en situaciones migratorias muy diferentes. No es jurídicamente equivalente una persona que nunca solicitó asilo, otra que tiene una solicitud pendiente ante USCIS, otra que se encuentra en procedimientos ante un juez de inmigración, otra que posee una orden final de remoción y otra que fue liberada bajo determinadas condiciones.

Tampoco es lo mismo un inmigrante que salió de Estados Unidos por sus propios medios que uno que abandonó el país desde un centro de detención.

En el universo cubano, además, aparece el complejo problema de los I-220A, documentos de liberación que durante años han sido objeto de una intensa batalla jurídica y cuya interpretación puede determinar si determinados cubanos cumplen o no los requisitos para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. Por ello, presentar a todos los cubanos como una categoría migratoria homogénea sería un error: el historial de entrada, inspección, liberación, solicitudes presentadas, órdenes judiciales y demás antecedentes puede cambiar radicalmente las consecuencias de una salida.

El mismo problema se presenta con los cubanos que tienen asilo pendiente. Para una persona en esa situación, utilizar un mecanismo de autodeportación no significa simplemente tomar un avión y regresar temporalmente a Cuba. Abandonar Estados Unidos puede tener consecuencias sobre la solicitud de protección que permanece pendiente y sobre cualquier posibilidad futura de continuar ese procedimiento desde el exterior. De ahí que el incentivo económico tenga un significado mucho más profundo de lo que aparenta. Los $1.000 o $3.000 ofrecidos por el gobierno pueden representar una ayuda considerable para una persona sin recursos, pero para alguien que lleva años esperando una resolución migratoria también pueden convertirse en el estímulo final para abandonar un proceso que podría haber tenido valor jurídico.

La pregunta, por tanto, no debería limitarse a cuántos inmigrantes aceptaron el dinero, sino a cuántos tenían asilo pendiente, cuántos estaban en procedimientos ante EOIR, cuántos tenían órdenes finales, cuántos poseían I-220A y cuántos abandonaron posibles vías de regularización al salir del país.