Idolidia Darias / Florida / USA / Memoricidio -Una transición económica sin memoria, sin rendición de cuentas y sin justicia para las víctimas de más de seis décadas de tiranía.

Si todas estas versiones sobre las conversaciones entre Washington y La Habana resultaran ciertas, el escenario que comenzaría a dibujarse tendría algo profundamente distópico.

No porque resulte extraño que dos gobiernos negocien. Las naciones negocian, incluso con sus adversarios. Lo verdaderamente inquietante sería el contenido de la negociación y, sobre todo, aquello que aparentemente quedaría fuera de la mesa.

Después de más de sesenta años de dictadura, represión política, presos de conciencia, fusilamientos, torturas, vigilancia, exilio, separación familiar, confiscación de propiedades, censura y destrucción sistemática de las libertades civiles, Cuba podría terminar convertida, una vez más, en una ecuación de negocios.

Petróleo por cambios políticos. Inversiones por acceso a los recursos. Control de CUPET por apertura económica. La salida de un presidente como condición para reorganizar el mercado.

Y, en medio de esa arquitectura de intereses, una ausencia que resulta imposible ignorar: ¿dónde quedan las víctimas de la tiranía?

Si las conversaciones se están produciendo en los términos descritos por los medios estadounidenses, existe el riesgo de que la historia de Cuba vuelva a ser tratada como un problema que puede resolverse mediante una transferencia de activos, una negociación petrolera y un rediseño corporativo.

Como si el problema fundamental de Cuba fuera quién administra mejor el combustible. Como si el drama nacional pudiera resolverse sustituyendo a un administrador político por otro y cambiando el nombre de los propietarios de una empresa estatal.

Pero Cuba no llegó a la crisis actual únicamente por falta de petróleo. Cuba llegó hasta aquí después de décadas de un sistema que eliminó la competencia política, subordinó la justicia al poder, destruyó la propiedad independiente, persiguió a la oposición, convirtió la discrepancia en delito y obligó a millones de cubanos a abandonar el país.

El petróleo puede apagar o encender las termoeléctricas. Puede mover los automóviles y reactivar una parte de la economía. Pero no puede comprar memoria.

No puede reparar automáticamente el daño causado a las familias de los presos políticos.

No puede devolver los años perdidos a quienes pasaron décadas en cárceles cubanas.

No puede explicar las ejecuciones, las desapariciones, el destierro, la confiscación de propiedades ni la persecución contra quienes se negaron a aceptar el sistema.

Y tampoco debería convertirse en el precio del silencio.

La pregunta que surge entonces es incómoda: ¿qué ocurriría si Washington y sectores del poder cubano estuvieran negociando una transición basada fundamentalmente en intereses económicos, mientras la discusión sobre justicia, responsabilidad y reparación queda relegada a un segundo plano?

Ese sería el verdadero riesgo de esta posible operación. Porque una cosa es negociar una transición. Otra muy distinta es negociar la amnesia.

El negocio antes que la justicia

La historia reciente demuestra que las grandes potencias suelen negociar con gobiernos autoritarios cuando consideran que existen intereses estratégicos suficientemente importantes. Petróleo, minerales, rutas comerciales, seguridad regional o competencia geopolítica pueden transformar rápidamente a un antiguo enemigo en un interlocutor.

Pero Cuba presenta un problema adicional. La economía cubana no está separada de la estructura política que la controla.

Las grandes empresas estatales, el comercio exterior, el turismo, las finanzas y buena parte de los sectores estratégicos han funcionado durante décadas dentro de una estructura de poder vinculada al Estado y, en áreas fundamentales, al aparato militar.

Por eso la pregunta no debería limitarse a si inversionistas estadounidenses podrían administrar mejor CUPET.

La pregunta debería ser mucho más amplia:

¿Quién respondería por los crímenes cometidos mientras se reorganiza el negocio?

¿Habría apertura de los archivos de la Seguridad del Estado?

¿Se conocería la verdad sobre las muertes y desapariciones?

¿Habría mecanismos para investigar torturas?

¿Se reconocerían los derechos de las víctimas?

¿Existiría una justicia independiente?

¿Podrían regresar libremente los exiliados?

¿Se garantizaría la libertad de prensa, asociación y organización política?

¿O todo quedaría subordinado a una negociación que priorizara la estabilidad de una nueva estructura económica?

Porque una transición sin justicia puede convertirse simplemente en una reorganización del poder.

Y una privatización sin transparencia puede terminar siendo una transferencia de riqueza desde una élite estatal hacia otra élite, sin que el pueblo cubano reciba ni libertad ni reparación.

Cambiar al administrador no es necesariamente cambiar el sistema

La eventual salida de Miguel Díaz-Canel, por sí sola, tampoco respondería a la pregunta central. El es el rostro institucional de un sistema mucho más amplio.

El problema cubano no comenzó con su llegada a la presidencia y tampoco desaparecería automáticamente con su salida.

Durante décadas se construyó una estructura política, militar, económica y de seguridad que sobrevivió a cambios generacionales y a la desaparición física de figuras históricas.

Por eso existe el peligro de confundir un cambio de nombres con un cambio de régimen.

Si Díaz-Canel sale, pero permanecen intactos los mecanismos de control político; si se abre el petróleo, pero no se abren las cárceles; si entran inversionistas, pero continúa la censura; si se privatizan empresas, pero no existe justicia independiente, entonces Cuba podría experimentar una transformación económica sin experimentar una verdadera liberación.

Sería una transición diseñada desde arriba.Una negociación entre élites.Un país reorganizado en torno al dinero, mientras las víctimas vuelven a quedar esperando.

La gran pregunta: ¿cuánto vale el silencio?

Esa es quizá la dimensión más perturbadora de las informaciones conocidas hasta ahora.Si la discusión gira alrededor de petróleo, inversiones y control corporativo, inevitablemente surge una pregunta moral: ¿cuánto vale el silencio sobre sesenta y siete años de represión?

Porque toda negociación establece prioridades.Y si las prioridades son exclusivamente energéticas y financieras, el mensaje que podrían recibir las víctimas sería devastador: los crímenes pueden esperar; el negocio no.

Primero se discute quién controla CUPET. Después, quizás, quién controla los puertos. Luego quién invierte en el turismo.

Y mientras tanto, las preguntas sobre responsabilidad histórica pueden quedar suspendidas indefinidamente.

Ese sería el mundo distópico que comienza a insinuarse.

Un mundo en el que una dictadura feroz no desaparece necesariamente porque haya sido derrotada moralmente ni porque sus crímenes hayan sido investigados, sino porque sus activos finalmente resultaron negociables.

Un mundo donde el petróleo vale más que la memoria. Donde la estabilidad vale más que la justicia. Donde la apertura económica puede convertirse en sustituto de la libertad política. Y donde los mismos cubanos que durante décadas han pagado el costo de la dictadura podrían contemplar cómo otros deciden, desde mesas de negociación cerradas, quién administrará la riqueza de su país.

Cuba necesita petróleo. Sin duda.

Necesita inversiones, infraestructura, electricidad y reconstrucción económica. Pero necesita algo todavía más fundamental: verdad, libertad y justicia.

La reconstrucción de Cuba no debería comenzar preguntando únicamente quién comprará sus empresas. Debería comenzar preguntando quién responderá ante la historia. Porque si el futuro de la isla termina negociándose exclusivamente en términos de petróleo, dinero y control corporativo, entonces el mayor riesgo no será simplemente que cambie el dueño de CUPET.

El mayor riesgo será que, una vez más, Cuba cambie de administradores sin que los cubanos recuperen realmente su país.