Idolidia Darias / Redacción / Florida / USA /
Lo ocurrido en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas resulta, como mínimo, una vergüenza institucional.
Un informe elaborado por la relatora especial Alena Douhan tras su visita oficial a Cuba fue presentado y respaldado por su sucesora, Zaina Jallad, quien atribuyó a las sanciones estadounidenses buena parte de las carencias que padecen los cubanos: alimentos, medicamentos, electricidad, agua, vivienda y transporte.
El relato no es nuevo. Es, prácticamente palabra por palabra, la narrativa que el régimen cubano ha construido y repetido durante décadas.
El mecanismo es conocido: la dictadura desaparece del escenario como responsable de la devastación nacional y Washington termina convertido en el culpable universal de cada ruina, cada escasez y cada fracaso.
Pero hay una pregunta inevitable: ¿dónde quedaron los derechos humanos de los cubanos?
¿Dónde estuvieron las referencias a los más de 1.200 presos políticos? ¿Dónde la censura? ¿Dónde la ausencia de elecciones libres? ¿Dónde los ciudadanos encarcelados por protestar, opinar o simplemente expresar sus críticas en las redes sociales? ¿Dónde quedaron las víctimas de la represión desatada contra quienes se atreven a desafiar al poder?
Hablar de derechos humanos en Cuba sin hablar de represión política es presentar una realidad mutilada.
Y eso es precisamente lo más preocupante: que un organismo creado para examinar las violaciones de derechos humanos termine ofreciendo una plataforma desde la cual puede reproducirse, con lenguaje institucional, la narrativa de una dictadura.
Cuba lleva más de seis décadas gobernada sin elecciones democráticas, con el poder concentrado en una estructura política que no tolera la oposición y que ha respondido a la protesta con detenciones, condenas y encarcelamientos.
Sin embargo, en el Consejo de Derechos Humanos hubo espacio para amplificar el argumento oficial sobre las sanciones estadounidenses.
Para las víctimas de la represión, en cambio, volvió a faltar lo esencial: voz.
La tragedia cubana no puede reducirse al embargo estadounidense. Las sanciones pueden ser objeto de debate, análisis y crítica. Pero convertirlas en explicación casi total de la crisis implica borrar de la ecuación décadas de decisiones económicas, políticas y represivas adoptadas por el propio régimen.
El problema no es solamente lo que se dijo ayer en Ginebra. El problema es lo que quedó fuera.
Porque cuando un organismo internacional habla extensamente de las carencias materiales de una población, pero apenas mira —o directamente omite— a quienes están encarcelados por reclamar libertades, el lenguaje de los derechos humanos corre el riesgo de convertirse en una herramienta selectiva.
Y entonces ocurre lo más perverso: la propaganda de una dictadura termina adquiriendo la apariencia de un diagnóstico internacional.
Para el régimen hubo tribuna. Para sus víctimas, silencio.
PARTE 2- La infancia invisible de Cuba: lo que el Estado no cuenta
Hay una pregunta que debería incomodar a cualquier sociedad: qué está ocurriendo con sus niños cuando las estadísticas no alcanzan para explicar la realidad.
En Cuba, esa pregunta adquiere una dimensión mucho más grave. Porque el problema no es únicamente que falten alimentos, medicamentos, electricidad o viviendas adecuadas. El problema es que también faltan mecanismos independientes para medir con precisión cuánto está afectando esa crisis a la infancia cubana.
Cuba es un país donde el Estado controla los principales medios de comunicación, restringe el acceso a información independiente y persigue a periodistas, activistas y ciudadanos que documentan determinadas realidades. Human Rights Watch vuelve a describir en 2026 un sistema en el que la crítica pública puede conducir a detenciones, vigilancia y procesos penales.
Y esa realidad tiene una consecuencia que pocas veces ocupa el centro del debate: cuando controlar la información se convierte en una política de Estado, también puede resultar difícil conocer la dimensión exacta del sufrimiento de los más vulnerables.
El niño que no aparece en la estadística
Cuba atraviesa una profunda crisis económica y social. Existen carencias severas de alimentos y medicamentos. Los apagones prolongados afectan la vida cotidiana y que el sistema sanitario enfrenta una escasez crítica de recursos.
Human Rights Watch señala que, según el propio Ministerio de Salud cubano, en 2025 solamente alrededor del 30 % de los medicamentos incluidos en la lista nacional de esenciales estaban disponibles.
Organizaciones independientes han documentado una población que reduce comidas para sobrevivir. Pero cuando trasladamos esas preguntas específicamente a los niños, comienza el vacío.
¿Cuántos niños están comiendo menos de lo necesario?
¿Cuántos pasan días dependiendo casi exclusivamente de arroz, azúcar u otros alimentos de bajo valor nutricional?
¿Cuántos padecen anemia?
¿Cuántos han perdido peso?
¿Cuántos llegan a hospitales con signos de malnutrición?
¿Cuántos necesitan medicamentos que sus familias no consiguen?
¿Cuántos abandonan actividades escolares porque en sus hogares no existen las condiciones materiales para sostenerlas?
¿Cuántos viven en casas deterioradas, inhabitables o hacinadas?
¿Cuántos dependen de las remesas de un padre, una madre o un familiar que tuvo que emigrar?
Y, sobre todo:¿dónde están las estadísticas independientes capaces de responder estas preguntas?
La pobreza infantil no puede reducirse a una cifra
La pobreza de un niño no consiste solamente en tener menos dinero. También es acostarse con hambre, no encontrar un medicamento cuando se necesita o pasar horas interminables sin electricidad. Es estudiar a la luz de una vela después de un apagón, compartir una vivienda deteriorada con varias generaciones o crecer con uno de los padres lejos del país.
Es aprender demasiado pronto que determinados alimentos, medicinas o productos básicos solo llegan cuando aparece una ayuda desde el extranjero. Es convertir la carencia en rutina y aprender, desde la infancia, a llamar «normal» a lo que nunca debería serlo.
En julio de 2026, Human Rights Watch describió en La Habana familias que luchan diariamente por conseguir comida, ingresos y medicinas. Una madre entrevistada para ese reportaje explicó que tenía cuatro hijos y que una caja de huevos podía costarle prácticamente el salario mensual. Un médico relató además que estaba viendo llegar a hospitales un número creciente de pacientes malnutridos y que profesionales de la salud intentaban aportar alimentos a algunas familias.
Pero la realidad es que son testimonios. No sustituyen una encuesta nacional independiente y ahí está el problema. –Si no existen suficientes investigaciones independientes, ¿cómo saber cuántos casos como esos existen fuera de las personas que consiguen hablar?
El silencio también produce estadísticas
La ausencia de información no demuestra automáticamente que exista una determinada cantidad de víctimas. Pero tampoco demuestra que el problema sea pequeño.
En un sistema abierto, periodistas, universidades, organizaciones civiles, médicos, investigadores y familiares pueden contrastar información, investigar casos y cuestionar las cifras oficiales. En Cuba, ese ecosistema está severamente restringido.
Human Rights Watch sostiene que el gobierno controla los medios, limita el acceso a información externa y censura a periodistas y críticos independientes. También documenta detenciones y hostigamiento contra quienes desafían públicamente al poder. Esto introduce un problema metodológico enorme.
¿Cómo investigar una crisis social cuando investigar determinadas partes de esa crisis puede tener consecuencias para quien investiga?
La pregunta es especialmente grave cuando hablamos de menores puesto que un adulto puede decidir denunciar. Un niño no.
Un adulto puede emigrar. Un niño depende de las decisiones de otros.
Un adulto puede buscar información, comparar precios, trasladarse o intentar conseguir medicamentos en el extranjero. Un niño depende de su familia y de las posibilidades que tenga esa familia.
Por eso la infancia debería ser precisamente uno de los sectores más protegidos por la transparencia.
¿Y las muertes?
Aquí aparece la pregunta más delicada. No sería responsable convertir cada muerte infantil en una acusación política sin evidencia individual. Pero tampoco sería responsable dejar de preguntar.
¿Cuántos niños han muerto en circunstancias que merecerían una investigación independiente?
¿Hubo medicamentos disponibles?
¿Hubo diagnóstico oportuno?
¿Existían alimentos suficientes?
¿Hubo retrasos provocados por falta de transporte, combustible o electricidad?
¿Existían condiciones hospitalarias adecuadas?
¿Se informó correctamente a la familia?
¿Fue investigada la causa de la muerte por una institución independiente?
¿Existe documentación que permita reconstruir cada caso?
Son preguntas incómodas. Precisamente por eso deben hacerse.
La investigación periodística no consiste en afirmar aquello que todavía no puede demostrarse. Consiste también en identificar aquello que debería poder investigarse y no está siendo suficientemente investigado.
El dato oficial no siempre cuenta toda la historia
Cuba publica estadísticas oficiales sobre salud, mortalidad y otros indicadores sociales. Esas cifras no deben descartarse automáticamente, pero tampoco deberían asumirse como la última palabra sobre la realidad del país.
Una sociedad necesita mecanismos independientes de verificación que permitan contrastar los datos oficiales con lo que ocurre en la vida cotidiana. Para ello hacen falta periodistas independientes, organizaciones civiles e investigadores capaces de entrevistar a las familias sin temor a represalias.
También resulta indispensable contar con acceso a hospitales y comunidades, registros públicos, investigaciones sobre mortalidad y estudios que permitan comparar las estadísticas nacionales con testimonios directos, investigaciones académicas y fuentes internacionales.
Sin esos mecanismos de contraste, una cifra puede ser oficialmente correcta y, aun así, resultar insuficiente para explicar la dimensión real de un problema. El desafío no consiste únicamente en conocer los números, sino en determinar qué historia humana existe detrás de ellos y qué realidad podrían estar dejando fuera.
La infancia también paga el precio del éxodo
Hay otra dimensión de la crisis cubana que merece una investigación específica: el impacto de la emigración sobre la infancia y la separación familiar.
Cuba ha perdido una parte considerable de su población durante los últimos años como consecuencia de la emigración. Human Rights Watch ha señalado que las cifras oficiales apuntan a una reducción de alrededor del 10 % de la población en años recientes, aunque estudios independientes sugieren que la pérdida podría ser aún mayor.
Pero detrás de esas cifras no existen solamente estadísticas demográficas. Existen familias divididas. Padres y madres que se marcharon en busca de mejores condiciones de vida; abuelos que asumieron responsabilidades que antes correspondían a los progenitores; y niños que crecieron esperando una llamada, aprendiendo a reconocer a sus padres a través de una pantalla o esperando un paquete enviado desde otro país.
Para muchos de esos menores, la relación con sus padres quedó vinculada a una videollamada, un mensaje de teléfono o una remesa. Alimentos, ropa, dinero y medicamentos enviados desde el exterior se convirtieron, en numerosos hogares, en parte esencial de la economía familiar.
La emigración encierra así una de las grandes paradojas de la crisis cubana: familias que abandonan la isla precisamente para escapar de la precariedad terminan sosteniendo desde el exterior a quienes permanecen dentro. La salida de unos se convierte, paradójicamente, en un mecanismo de supervivencia para otros.
Y en medio de esa dinámica quedan los niños, que no deciden la emigración de sus padres ni las condiciones que la provocan, pero terminan pagando buena parte de sus consecuencias emocionales, económicas y familiares.
Lo que debería investigarse
Un verdadero estudio independiente sobre la infancia cubana tendría que partir de preguntas concretas y abarcar múltiples dimensiones de la vida de los menores. Entre ellas deberían encontrarse la nutrición infantil, la anemia y otras enfermedades asociadas a deficiencias alimentarias, el acceso efectivo a medicamentos, la incidencia de enfermedades crónicas y las causas de la mortalidad infantil.
La investigación también tendría que examinar las condiciones de las viviendas, el acceso al agua potable y la electricidad, así como la asistencia y el rendimiento escolar, los casos de abandono o interrupción de los estudios y la situación de los menores institucionalizados. A ello habría que añadir el impacto de la emigración sobre la separación familiar y la creciente dependencia de las remesas.
Otro capítulo esencial debería centrarse en la salud mental infantil, el acceso a atención psicológica y las consecuencias que tienen los apagones prolongados sobre la alimentación, el descanso y la educación. También sería necesario estudiar cómo la crisis económica está afectando el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los niños.
El objetivo no debería ser construir una acusación antes de realizar la investigación. El objetivo debería ser mucho más elemental y, al mismo tiempo, más exigente: garantizar que esa investigación independiente pueda realizarse, que los datos puedan ser contrastados y que la realidad de los niños cubanos pueda ser examinada sin censura ni temor a represalias. fragmentada:
El verdadero problema no es solamente lo que Cuba muestra
La discusión sobre la infancia cubana no debería quedar atrapada en una disputa ideológica destinada a determinar quién tiene la culpa de cada carencia. El embargo estadounidense, las políticas económicas del Gobierno cubano, la ineficiencia estatal, la corrupción, la escasez de divisas, la emigración y el deterioro de la infraestructura forman parte de un escenario complejo que exige ser analizado con datos, evidencia y fuentes independientes.
Pero ninguna de esas variables elimina una obligación fundamental del Estado: proteger a sus niños y garantizar que la sociedad pueda conocer qué está ocurriendo con ellos.
Ese es precisamente uno de los puntos centrales que deberían orientar cualquier investigación sobre la infancia cubana. No basta con discutir cuánto cuesta el embargo, cuánto dinero deja de ingresar al país o qué porcentaje de la economía se encuentra afectado por las sanciones. Tampoco basta con repetir las cifras oficiales de mortalidad, enumerar las carencias materiales o mostrar imágenes de anaqueles vacíos. Todos esos elementos forman parte del contexto, pero ninguno responde por sí solo a la pregunta esencial: ¿qué está haciendo esta crisis con toda una generación de niños cubanos?
La pregunta se vuelve todavía más difícil cuando se intenta determinar cuántos menores están sufriendo sin que su situación quede registrada de manera adecuada. ¿Cuántos padecen problemas nutricionales que no aparecen desagregados en las estadísticas? ¿Cuántos enfrentan enfermedades sin acceso oportuno a medicamentos? ¿Cuántos han visto afectada su educación, su descanso, su alimentación o su salud emocional por una crisis prolongada? ¿Cuántos viven las consecuencias de la separación familiar provocada por la emigración?
Mientras no existan investigaciones independientes capaces de responder estas preguntas mediante datos verificables, testimonios y acceso directo a las comunidades, una parte de la infancia cubana permanecerá estadísticamente invisible. Y esa invisibilidad no significa que el problema desaparezca. Cuando un niño desaparece de las estadísticas, no desaparecen su hambre, su enfermedad, su miedo, la separación de sus padres ni, cuando ocurre, su muerte.
Lo que desaparece es la posibilidad de medir esa realidad, documentarla con rigor y exigir responsabilidades. Por eso, el verdadero problema no es solamente lo que Cuba muestra, sino también todo aquello que un sistema cerrado impide conocer.
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