Redacción Florida / USA / GAESA y la red empresarial que opera más allá de Cuba Un post creado a partir de las publicaciones de Joankelin Sánchez en la red social X.

Según una serie de publicaciones de @joankelincuba, el conglomerado empresarial militar cubano GAESA mantendría una extensa red internacional compuesta por sociedades mixtas, empresas privadas, compañías offshore e intermediarios comerciales. El entramado señalado tendría presencia, entre otros lugares, en Panamá, Chipre, Liechtenstein, China, México y Florida, y abarcaría sectores estratégicos como turismo, comercio exterior, logística, transporte marítimo, producción, servicios financieros y procesamiento de pagos.

Redacción / Florida / USA / Un botón de muestra si entendemos que GAESA opera en la oscuridad desde hace más de una década

Las publicaciones sostienen que estas estructuras permitirían canalizar ingresos y operaciones comerciales hacia el conglomerado militar, al tiempo que dificultarían identificar públicamente la relación entre determinadas compañías y el aparato empresarial del Estado cubano.

La siguiente cronología recoge las principales entidades y operaciones mencionadas en esas denuncias.

Junio de 2025: UTISA y la participación en ETECSA

El primer episodio señalado corresponde a UTISA S.A., una sociedad registrada en Panamá a la que las publicaciones atribuyen una participación del 11 % en ETECSA, equivalente, según el cálculo divulgado, a aproximadamente 287 millones de dólares.

La empresa aparece vinculada en las denuncias a Ana Teresa Igarza Martínez, identificada como antigua directora jurídica de GAESA y diputada de la Asamblea Nacional cubana.

La tesis planteada es que la estructura accionarial permitiría a ETECSA mantener mecanismos para canalizar beneficios hacia empresas cubanas establecidas en el exterior.

Octubre-diciembre de 2025: turismo, puertos y abastecimiento

Durante los últimos meses de 2025, las denuncias se concentraron en el contraste entre las operaciones comerciales vinculadas a GAESA y la situación de desabastecimiento que atravesaba buena parte de la población cubana.

Uno de los ejemplos mencionados es Grupo Gaviota, brazo turístico del conglomerado, por la inauguración de establecimientos de lujo, entre ellos proyectos de la colección The One en Cayo Las Brujas, mientras persistían problemas de alimentación, agua y otros servicios básicos.

Otro capítulo corresponde a las operaciones portuarias. Las publicaciones citan el caso del buque Omara, que habría permanecido 132 días fondeado, como ejemplo de los costos y sobrecargos asociados a las operaciones marítimas en Cuba. La denuncia sostiene que GAESA tendría capacidad para intervenir en la descarga y distribución de productos alimentarios importados.

También se mencionan las tiendas administradas por entidades del conglomerado, donde —según las publicaciones— existirían diferencias en la disponibilidad y calidad de determinados productos, como agua embotellada y chícharos, dependiendo del destino: turismo, instituciones oficiales o mercado interno.

En paralelo, las publicaciones apuntan a determinadas mipymes importadoras de carne desde Estados Unidos, a las que presentan como posibles estructuras conectadas con intereses de GAESA. La acusación requiere, sin embargo, distinguir entre una empresa que mantiene relaciones comerciales con entidades estatales y una compañía que efectivamente actúa como fachada del conglomerado militar.

Otro episodio señalado involucra a TABACUBA y la importación de camiones cisterna destinados a actividades empresariales, una operación presentada como particularmente significativa en un país donde amplios sectores de la población sufren interrupciones y restricciones en el suministro de agua.

Julio de 2026: el mapa comienza a extenderse hacia Panamá

En julio de 2026, las publicaciones ampliaron el foco hacia empresas registradas en Panamá y vinculadas, según las denuncias, al ecosistema comercial de CIMEX y GAESA.

Entre ellas aparece Inmobiliaria CIMEX S.A., relacionada con presuntos movimientos de cargamentos de alimentos importados desde Estados Unidos y con determinadas mipymes cubanas.

También se menciona Caribbean Services Unit S.A., presentada como una agencia de viajes integrada en el circuito comercial de CIMEX-GAESA.

El caso de Alyan Internacional S.A. y Janexpress Cargo S.A. ocupa un lugar destacado. Ambas compañías aparecen señaladas por operaciones de importación desde Estados Unidos y exportación hacia Cuba y, según las publicaciones, compartirían como apoderado a José Miguel Charbonier Lirola.

La lista incluye además a Tri Star Centro América S.A., dedicada al ensamblaje de ambulancias y dirigida, según la denuncia, por Lorenzo Cortizo Bacallao, identificado como antiguo funcionario de CIMEX. Las publicaciones sostienen que existirían conexiones entre la compañía y funcionarios relacionados con GAESA en Panamá.

El patrón es claro: la red no se limitaría a empresas formalmente pertenecientes a GAESA, sino que incluiría sociedades comerciales cuyos vínculos deberían rastrearse a través de sus accionistas, administradores, apoderados y beneficiarios finales.

Septiembre de 2026: de las empresas comerciales a la infraestructura financiera

La serie de septiembre eleva el nivel de las acusaciones y apunta directamente hacia mecanismos destinados, presuntamente, a facilitar operaciones financieras y comerciales pese al régimen de sanciones estadounidenses.

Entre los nombres aparece Xplorer Florida DMC / Enjoy Travel Group, en Estados Unidos. Las publicaciones señalan a René Mesa García, hijo del ministro cubano de la Construcción, y plantean indicios de una conexión con GAESA.

Otro caso es Shanghai SunCuba S.A., en China, presentada como una empresa en la que el Estado cubano tendría una participación del 50 %. Las denuncias la describen como un posible canal para ingresos y operaciones financieras relacionadas con el entramado empresarial cubano.

En Santiago de Cuba aparece DAMEX Shipbuilding & Engineering, resultado de una alianza entre la neerlandesa Damen Shipyards y la Unión de Industrias Militares (UIM) de Cuba, entidad que ya ha sido objeto de sanciones estadounidenses.

La investigación publicada también apunta a Inversiones Arden, con presencia en Florida y República Dominicana, dirigida —según las denuncias— por Elizabeth Basulto Romaguera, identificada como antigua vicedirectora de SunCuba y vinculada profesionalmente a MINCEX y MINREX. Las publicaciones plantean que esta estructura podría haber participado en operaciones de triangulación comercial y legitimación de capitales, acusaciones que requerirían evidencia documental y financiera para ser establecidas como hechos.

BICSA y las estructuras financieras

Uno de los elementos centrales de la denuncia es BICSA, presentado como una suerte de escudo financiero del entramado empresarial cubano.

La hipótesis planteada es que la utilización de instituciones financieras formalmente civiles permitiría separar, al menos sobre el papel, determinadas operaciones comerciales del conglomerado militar, reduciendo la exposición directa de GAESA frente a las sanciones estadounidenses.

A esto se sumarían pasarelas de pago ubicadas en terceros países, que presuntamente procesarían transacciones en dólares relacionadas con empresas estatales cubanas.

Aquí se encuentra uno de los puntos más sensibles de toda la investigación: determinar quién es el beneficiario final del dinero, qué entidad recibe los fondos, qué banco procesa las operaciones y qué relación jurídica existe entre las compañías intermediarias y las entidades sancionadas.

El componente marítimo: sociedades que cambian de jurisdicción

El transporte marítimo constituye otro de los ejes de las denuncias.

Las publicaciones identifican a Aquarius Bulkcarrier Shipping, inicialmente registrada en Liechtenstein y posteriormente liquidada y trasladada a Chipre bajo el nombre AQUARIUS BULKCARRIER SHIPPING CO (CY) LTD.

La compañía es atribuida a Luis Raúl Pérez, quien también aparecería relacionado con Nautilus, en Panamá.

La denuncia interpreta el cambio de jurisdicción como un posible mecanismo para dificultar el seguimiento de las operaciones y mantener activos los circuitos marítimos vinculados a Cuba.

También aparece Interoil Chartering S.A., registrada en Panamá y señalada por mantener operaciones con Cuba. Según las publicaciones, algunos de sus responsables tendrían vínculos con funcionarios de GAESA que ya han sido sancionados por la OFAC.

Finalmente, se menciona a Agencia Marítima Taína S.A., en Cuba, vinculada a las rutas entre Miami y la isla. Su representante, Andrés Ernesto Muñoz Campos, aparece —según la denuncia— en bases de datos como OpenSanctions por supuestos nexos con compañías navieras bloqueadas.

La hipótesis central: una red diseñada para resistir las sanciones

Vista en conjunto, la cronología plantea una hipótesis mucho más amplia que la existencia de empresas aisladas.

La tesis de las publicaciones es que GAESA habría construido —o aprovecharía— una arquitectura empresarial internacional capaz de separar formalmente las compañías, pero mantener entre ellas conexiones económicas, administrativas y personales.

El esquema denunciado abarcaría diferentes niveles:

turismo → comercio exterior → transporte marítimo → importaciones → empresas mixtas → servicios financieros → pasarelas de pago → circulación de divisas.

El objetivo, según esta interpretación, sería preservar el flujo de dólares hacia el sistema empresarial cubano y reducir el impacto de las sanciones estadounidenses.

La acusación adquiere especial relevancia porque GAESA no funciona únicamente como una empresa turística o comercial. Su dimensión dentro de la economía cubana convierte cualquier posible red de sociedades intermediarias en un asunto que trasciende el ámbito corporativo y entra directamente en el terreno de la política de sanciones de Estados Unidos.

¿Sanciones inmediatas?

El autor de las publicaciones reclama que la OFAC examine y sancione a las entidades mencionadas, argumentando que podrían estar facilitando operaciones de GAESA, la transferencia de divisas o la evasión de restricciones estadounidenses.

Porque si las denuncias fueran confirmadas, la cuestión dejaría de ser simplemente cuántas empresas tiene GAESA fuera de Cuba. La pregunta sería mucho más importante:¿Cuánto de la red empresarial aparentemente privada o independiente que opera alrededor de Cuba termina, directa o indirectamente, bajo el control o beneficio del conglomerado militar?

La respuesta podría determinar hasta qué punto las sanciones estadounidenses están alcanzando realmente al poder económico de GAESA.