La memoria mutilada

Por Idolidia Darias / Florida / USA

Durante más de seis décadas, la historia de la nación cubana ha estado marcada por la censura, la interpretación oficial de los acontecimientos y la exclusión de episodios considerados incómodos para el poder. Hablar de la historia de Cuba desde 1959 hasta nuestros días obliga, necesariamente, a referirse a la llegada de Fidel Castro al poder y al momento en que, bajo su liderazgo, se proclamó el carácter socialista de la Revolución.

A partir de entonces, la sociedad cubana quedó sometida a una disyuntiva que terminaría definiendo buena parte de la vida nacional: respaldar las decisiones del máximo liderazgo revolucionario o asumir el riesgo de ser considerado enemigo de la Revolución.

No parecía haber espacio para una tercera posición. La discrepancia comenzó a confundirse con la traición y la crítica con la confrontación. En ese escenario, conceptos esenciales como justicia, libertad y orden fueron adquiriendo nuevos significados, determinados por la narrativa oficial.

Durante las décadas siguientes, la censura, la omisión de hechos, la reinterpretación de acontecimientos y la sustitución de episodios históricos por versiones aprobadas desde el poder pasaron a formar parte de la construcción de la memoria colectiva. La historia enseñada en las escuelas, divulgada por los medios de comunicación y repetida en los espacios públicos quedó condicionada por los límites establecidos por el discurso oficial.

Así creció una generación que apenas alcanzaba la adolescencia en los años sesenta y otra que nació después del triunfo revolucionario. Para muchos de aquellos cubanos, la historia que recibieron era una historia incompleta. Algunos acontecimientos fueron silenciados; otros, reinterpretados; otros simplemente desaparecieron de los relatos que conformaban la educación y la conciencia nacional.

La consecuencia no fue únicamente el desconocimiento de determinados hechos. También se produjo una transformación más profunda: la alteración de los referentes con los que una sociedad distingue entre lo justo y lo injusto, entre la verdad y la propaganda, entre el deber ciudadano y la obediencia.

Muchos aprendieron desde temprano que expresar una opinión podía tener consecuencias si esa opinión no coincidía con la posición dominante. El temor a hablar, preguntar o disentir terminó convirtiéndose en una conducta aprendida y, en muchos casos, transmitida de una generación a otra.

Quizás lo más difícil de identificar fue el momento exacto en que se produjo esa transformación. No hubo un solo día en que el pensamiento colectivo fuera sustituido. Fue un proceso gradual, construido mediante la educación política, la censura, el control de la información y la repetición constante de una determinada versión del pasado.

Así, junto con la memoria histórica, también se fue debilitando la relación de una parte de la sociedad con su propia herencia cultural. A una historia plural, llena de contradicciones, protagonistas y episodios diversos, se superpuso una narración única, presentada como verdad incuestionable.

Las consecuencias de ese proceso trascienden la política. Cuando durante décadas una sociedad vive bajo una interpretación oficial de la justicia y de la moral, los límites éticos también pueden comenzar a desdibujarse. Lo que en otro contexto sería considerado injusto puede llegar a asumirse como normal; lo que debería provocar rechazo puede terminar aceptándose como inevitable.

Más de medio siglo de esa realidad dejó una huella profunda en la conciencia nacional. Recuperar la memoria no significa únicamente recordar aquello que fue silenciado. Significa también revisar las certezas heredadas, confrontar las versiones oficiales con los hechos y devolver a cada generación el derecho a conocer su historia completa.

Porque una nación que no puede mirar de frente su pasado difícilmente podrá comprender su presente. Y una sociedad a la que se le mutila la memoria corre el riesgo de perder, junto con sus recuerdos, los criterios necesarios para construir su futuro.