Por Roberto Rojas master of laws in us law for foreign lawyers
—-El sistema financiero paralelo administrado por GAESA implica la existencia de una economía dual: una visible y empobrecida para la población, y otra opaca, dolarizada y protegida para el aparato militar y político.—
Arquitectura económica, concentración de riqueza y control familiar-militar
La aceptación internacional de GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.) como una simple “empresa estatal” no constituye un error técnico inocente ni una discusión semántica sobre derecho mercantil cubano. Constituye una forma de normalización internacional de una estructura económica diseñada para concentrar riqueza, controlar divisas y sostener políticamente a un aparato militar que gobierna fuera de estándares mínimos de transparencia y rendición de cuentas.
Presentar a GAESA como una entidad comercial ordinaria ha permitido que gobiernos, bancos, cadenas hoteleras y actores financieros internacionales operen con el conglomerado bajo apariencia de legalidad corporativa, ignorando deliberadamente la relación orgánica entre el poder económico del grupo y el aparato coercitivo del Estado cubano.
Bajo cualquier análisis serio de derecho comparado, gobernanza pública o responsabilidad internacional, GAESA no opera como una empresa pública convencional; opera como una estructura económica militarizada subordinada históricamente al entorno político de Raúl Castro y al círculo familiar que consolidó el control de las divisas en Cuba tras el colapso soviético.
La evidencia documental acumulada en los últimos años refuerza esta conclusión.
La investigación “Where is Cuba’s money?” publicada por el Miami Herald entre 2024 y 2025, basada en más de veinte estados financieros internos filtrados, reveló que GAESA controla aproximadamente 17.894 millones de dólares en activos corrientes y cerca de 14.500 millones en liquidez. Estas cifras resultan extraordinarias no solo por su magnitud, sino porque permanecieron ocultas del balance oficial del Estado cubano mientras la economía nacional atravesaba una de las peores crisis de su historia reciente.
La coexistencia entre miles de millones de dólares concentrados en estructuras militares y una población sometida a escasez estructural de alimentos, medicinas, electricidad y combustible no puede explicarse como una mera disfunción administrativa. Constituye un patrón de concentración y extracción de recursos incompatible con principios básicos de equidad económica y transparencia pública.
La importancia jurídica de estas cifras es profunda. Cuando un conglomerado controlado por estructuras militares acumula activos fuera de mecanismos civiles de supervisión, surgen posibles elementos de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y ocultamiento patrimonial.
El problema no es únicamente económico. Es institucional.
El sistema financiero paralelo administrado por GAESA implica la existencia de una economía dual: una visible y empobrecida para la población, y otra opaca, dolarizada y protegida para el aparato militar y político. El Real Instituto Elcano, BBC Mundo y el proyecto Horizonte Cubano de Columbia Law School han descrito repetidamente a GAESA como el verdadero núcleo económico del poder en Cuba. Esta caracterización tiene consecuencias jurídicas directas porque permite analizar al conglomerado no como actor privado autónomo, sino como extensión funcional del Estado y de la estructura de mando político-militar.
La dimensión familiar del control refuerza todavía más este análisis. El liderazgo histórico de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja dentro de GAESA no fue el de un simple ejecutivo corporativo. Como exyerno de Raúl Castro, López-Calleja administró durante décadas los sectores estratégicos de mayor captación de divisas: turismo, comercio exterior, remesas, inmobiliarias y finanzas internacionales.
Su rol convirtió a GAESA en una estructura de control económico familiar con protección militar.
Tras su fallecimiento, la continuidad operativa permaneció dentro del mismo círculo de poder. Investigaciones periodísticas y análisis académicos han señalado la creciente relevancia de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, vinculado a operaciones internacionales y estructuras financieras relacionadas con Panamá, así como la influencia de Alejandro Castro Espín en áreas de seguridad e inteligencia vinculadas a la protección del aparato económico.
Este patrón no describe gobernanza corporativa moderna. Describe una estructura de apropiación patrimonial concentrada en un núcleo familiar-militar. Bajo derecho comparado, cuando una entidad opera sin autonomía real y responde a intereses personales o políticos concretos, se activan doctrinas como alter ego y levantamiento del velo corporativo. Estas doctrinas permiten ignorar la separación formal entre empresa y Estado cuando la personalidad jurídica se utiliza para ocultar responsabilidad, evadir obligaciones o encubrir estructuras de control ilícitas.
El precedente First National City Bank v. Banco Para el Comercio Exterior de Cuba (Bancec, 1983) estableció precisamente que las entidades estatales cubanas pueden ser tratadas como extensiones del Estado cuando carecen de independencia operativa real. GAESA encaja plenamente en ese estándar.
La arquitectura interna del conglomerado refuerza esta conclusión.
La fragmentación de GAESA en múltiples entidades —Gaviota, CIMEX, TRD Caribe, Banco Financiero Internacional, Almest, Tecnotex, Almacenes Universales y otras— no responde únicamente a criterios administrativos o de eficiencia económica. Funciona también como mecanismo de dispersión jurídica de responsabilidad. La multiplicidad de sociedades dificulta rastrear beneficiarios reales, fragmenta flujos financieros y crea obstáculos artificiales para litigios internacionales. Esta técnica es conocida en investigaciones de corrupción transnacional y evasión financiera: separar estructuras para ocultar control efectivo.
La dimensión offshore agrava todavía más la situación. Registros corporativos y reportes financieros han documentado vínculos entre estructuras asociadas a GAESA y sociedades registradas en Panamá, incluyendo entidades como Kave Coffee y Technoimport. Estas estructuras permiten canalizar capital, operar fuera de controles financieros estrictos y reducir exposición frente a sanciones internacionales.
Desde la perspectiva regulatoria, esto genera posibles implicaciones bajo estándares AML (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer) y normas internacionales de identificación de beneficiario real.
La Directiva (UE) 2024/1640 y el Reglamento (UE) 2024/1620 exigen transparencia financiera y trazabilidad de fondos. Una estructura económica controlada por militares sancionados, utilizando redes offshore y fragmentación corporativa, representa precisamente el tipo de riesgo que estas regulaciones buscan combatir.
La relevancia del Banco Financiero Internacional dentro de este esquema resulta central. El BFI ha funcionado como nodo de captación de divisas provenientes de turismo, remesas e inversión extranjera. Su rol no es neutro: constituye el mecanismo mediante el cual las divisas son absorbidas y redistribuidas bajo control militar. Mientras la economía cubana enfrenta inflación, apagones, escasez alimentaria y colapso de servicios básicos, miles de millones de dólares permanecen bajo administración opaca de estructuras militares sin control democrático. Esto introduce posibles bases para futuras reclamaciones patrimoniales y auditorías forenses en escenarios de transición.
Desde el punto de vista del derecho internacional público, la conexión entre aparato económico y aparato coercitivo también resulta jurídicamente relevante. Organizaciones como Human Rights Watch, Amnesty International y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado detenciones arbitrarias, persecución política, criminalización de la protesta y represión sistemática, especialmente tras el 11 de julio de 2021.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha reportado más de 26,000 acciones represivas desde 2021. Los recursos administrados por GAESA sostienen materialmente al aparato estatal responsable de esas acciones. Esto activa principios de responsabilidad internacional del Estado y plantea interrogantes sobre la responsabilidad de terceros que continúan financiando estructuras vinculadas al sistema.
La cuestión ya no es únicamente si GAESA funciona como conglomerado económico. La cuestión es si puede seguir siendo tratada internacionalmente como una empresa convencional cuando su estructura, control y funcionamiento evidencian una integración orgánica con el aparato militar y político cubano.
El derecho comparado demuestra que las estructuras de poder económico asociadas a sistemas represivos terminan siendo objeto de litigios, auditorías, levantamiento de velo corporativo y procesos de recuperación patrimonial. Lo ocurrido en Brasil con Volkswagen, en Nigeria con Abacha o en Siria con Lafarge demuestra que la colaboración económica con estructuras de poder abusivas no desaparece con el tiempo; se transforma en evidencia.
La conclusión jurídica y política resulta difícil de evitar. GAESA no representa una anomalía administrativa dentro del Estado cubano; representa el verdadero centro de poder económico de la estructura gobernante. Su opacidad financiera, su concentración familiar, su subordinación militar y su integración con mecanismos de represión convierten al conglomerado en algo más que un actor económico: lo convierten en un instrumento funcional de control político. La acumulación de activos, el uso de redes offshore y la captura sistemática de divisas no describen un modelo de desarrollo nacional, sino una estructura de extracción patrimonial protegida por poder coercitivo.
El derecho internacional ya contiene herramientas para examinar este tipo de sistemas bajo doctrinas de responsabilidad estatal, alter ego, lavado de activos y recuperación patrimonial. La pregunta real no es si existen bases jurídicas para actuar, sino cuánto tiempo más la comunidad internacional seguirá aceptando como “empresa estatal” lo que en realidad opera como el núcleo financiero de un sistema de dominación.
Integración solicitada: Hugo Cancio y la diáspora funcional
Dentro de este entramado, la participación de ciertos actores de la diáspora adquiere relevancia jurídica y política. No se trata de emigrados neutrales ni de simples intermediarios comerciales. Se trata de actores que, con pleno conocimiento de la estructura militarizada de la economía cubana, facilitan operaciones que terminan reforzando el circuito financiero controlado por GAESA.
En este contexto, resulta particularmente significativo el caso de Hugo Cancio y plataformas como Katapulk, documentadas por el Miami Herald como mecanismos que permiten a la diáspora realizar compras y envíos que, en última instancia, se convierten en ingresos en MLC administrados por el conglomerado militar. Aunque estas operaciones se presentan bajo la apariencia de comercio electrónico privado, su efecto económico real es la canalización de divisas hacia estructuras controladas por GAESA.
Desde la perspectiva jurídica, esta participación puede analizarse bajo figuras como facilitación financiera, enriquecimiento injusto, evasión de sanciones y complicidad económica en un sistema que opera fuera de estándares internacionales de transparencia y derechos humanos.
La responsabilidad de estos actores no se limita al ámbito moral. En escenarios de transición, su participación podría ser examinada bajo doctrinas de debida diligencia empresarial, responsabilidad civil extracontractual, normas AML/KYC y potencial colaboración con estructuras sujetas a sanciones internacionales. La diáspora funcional no opera en un vacío jurídico: opera dentro de un sistema cuya naturaleza represiva y militarizada es ampliamente conocida y documentada.
FUENTES UTILIZADAS (CON DESCRIPCIÓN Y LINKS)
Investigaciones periodísticas sobre GAESA
Miami Herald – Where is Cuba’s money? (2024–2025).
https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article311488962.html
https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article311624322.html
BBC Mundo – GAESA como conglomerado militar.
https://www.bbc.com/mundo/articles/cy91qw9dqj3o
Horizonte Cubano – Columbia Law School.
https://horizontecubano.law.columbia.edu
Real Instituto Elcano – Poder económico en Cuba.
https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/is-the-cuban-regime-the-next-to-fall/
Cuba Siglo 21 – Remesas y pérdida del control por GAESA.
https://translatingcuba.com/cubas-military-officials-running-gaesa-have-destroyed-the-economy-claims-cuba-siglo-21/
El Nuevo Herald – Filtraciones sobre GAESA.
https://www.elnuevoherald.com
CiberCuba – Estructura interna y vínculos familiares.
https://www.cibercuba.com
SAN News – Fondos militares ocultos.
https://san.com/cc/leaked-documents-expose-billions-in-military-funds-as-cubans-struggle/
Estructuras offshore y sanciones
Departamento del Tesoro de EE. UU. – FINCIMEX.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1217
Directiva UE 2024/1640 – Beneficiario real.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024L1640
Reglamento UE 2024/1620 – Trazabilidad financiera.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1620
OFAC – Lista de entidades sancionadas.
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov
Represión y derechos humanos
Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
https://observacuba.org
Human Rights Watch.
https://www.hrw.org
Amnesty International.
https://www.amnesty.org
ReliefWeb – Represión tras el 11J.
https://reliefweb.int/report/cuba
Prisoners Defenders – Trabajo forzado.
https://www.prisonersdefenders.org
Marco jurídico cubano
Ley 118 de Inversión Extranjera.
https://www.gacetaoficial.gob.cu (gacetaoficial.gob.cu in Bing)
Decreto 325 – Intermediación laboral.
https://www.gacetaoficial.gob.cu (gacetaoficial.gob.cu in Bing)
Normas internacionales
Convenio 29 OIT – Trabajo forzado.
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312174 (ilo.org in Bing)
Convenio 95 OIT – Protección del salario.
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312240 (ilo.org in Bing)
Convenio 105 OIT – Abolición del trabajo forzado.
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312250 (ilo.org in Bing)
Principios Rectores ONU sobre Empresas y DDHH.
https://www.ohchr.org/en/publications/guiding-principles-business-and-human-rights (ohchr.org in Bing)
Directrices OCDE para Empresas Multinacionales.
https://www.oecd.org/corporate/mne/
Responsabilidad internacional y litigios
FSIA – Excepción comercial.
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1605
Helms‑Burton Act – Título III.
https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title22/chapter69&edition=prelim
Alien Tort Statute.
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1350 (law.cornell.edu in Bing)
Diáspora funcional y Hugo Cancio
Miami Herald – Katapulk y Hugo Cancio.
https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article288906956.html
lafronteratransparente idolidiadarias 