Idolidia Darias / Florida / USA / -Del cuestionamiento electoral a la persecución política: analogías entre el escenario brasileño y las tensiones institucionales que atraviesa Estados Unidos-.
Lo ocurrido en Brasil plantea una discusión que trasciende las diferencias entre izquierda y derecha: ¿qué sucede cuando las instituciones encargadas de garantizar la legalidad electoral comienzan a ser percibidas como instrumentos de una determinada corriente política?
El problema no se limita a quién gana unas elecciones. Está en juego la credibilidad del sistema, la independencia de los poderes públicos, la libertad de los adversarios políticos y, sobre todo, la posibilidad de que quienes llegan al poder puedan ser cuestionados sin que eso se convierta en motivo de persecución.
El caso brasileño ofrece elementos para examinar una serie de mecanismos que también preocupan en Estados Unidos. No significa que ambos países atraviesen situaciones idénticas ni que sus instituciones tengan las mismas características. Significa que existen patrones de comportamiento político que merecen ser observados, especialmente cuando el poder institucional, la narrativa pública y la confrontación partidista comienzan a entrelazarse.
La analogía fundamental es esta: una democracia no se debilita únicamente cuando se alteran las reglas electorales; también se deteriora cuando se utiliza el aparato institucional para deslegitimar, neutralizar o castigar a quienes cuestionan al poder.
Brasil y Estados Unidos: una comparación de los mecanismos de poder
La controversia brasileña tiene varios puntos concretos que merecen atención. El más importante es la decisión judicial de extender el horario de votación durante la segunda vuelta del 25 de octubre de 2026.
El ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal, autorizó extender la votación hasta las 7 p. m., después de solicitudes relacionadas con dificultades de transporte y problemas meteorológicos. Zanin había sido abogado de Lula antes de incorporarse al Supremo. La decisión se produjo alrededor de las 5:01 p. m., cuando el horario oficial de cierre ya había llegado. La autoridad electoral aclaró posteriormente que la extensión se aplicaría a los centros que todavía permanecían abiertos, no a los que ya habían cerrado.
Flávio Bolsonaro cuestionó la decisión y anunció que buscaría impugnar el resultado. Sin embargo, hay que distinguir las denuncias políticas de los hechos acreditados: la extensión fue solicitada por ambas campañas, aunque con alcances diferentes, y no existe una demostración pública de que Lula incorporara votos fraudulentos gracias a ella.
También es importante precisar que la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos ocurrió después de que el Supremo ordenara entregar sus pasaportes en el contexto de una investigación financiera. Él sostiene que es víctima de persecución política; las autoridades brasileñas relacionan la medida con esa investigación. No debe presentarse como un hecho probado que el gobierno de Lula lo obligó a exiliarse.
Tabla comparativa: Brasil y Estados Unidos
La siguiente tabla recoge las analogías políticas e institucionales que plantea este caso. Son paralelismos de riesgo y comportamiento, no afirmaciones de que los mismos hechos estén ocurriendo actualmente en ambos países.
| Elemento de análisis | Brasil | Estados Unidos: analogía y riesgo |
| Control institucional | La intervención de magistrados del Supremo en asuntos electorales genera controversias sobre competencias, independencia y límites del poder judicial. | La utilización de tribunales, agencias federales y organismos administrativos en disputas partidistas puede erosionar la confianza en su neutralidad. |
| Reglas electorales | La extensión de dos horas del horario de votación, decidida durante la jornada electoral, abrió una controversia sobre la autoridad competente y la igualdad de condiciones. | Los cambios de reglas electorales, el rediseño de distritos y las decisiones administrativas pueden favorecer intereses partidistas si no existen controles transparentes. |
| Conflictos de intereses | La trayectoria profesional de Zanin como antiguo abogado de Lula alimentó cuestionamientos sobre la apariencia de imparcialidad de su intervención. | Los nombramientos políticos en organismos de supervisión y justicia pueden generar dudas sobre independencia y posibles conflictos de intereses. |
| Judicialización de la política | Las investigaciones y decisiones judiciales contra figuras del bolsonarismo se han convertido en un eje de confrontación política. | Las investigaciones contra adversarios políticos pueden ser legítimas, pero también deben estar protegidas contra la utilización partidista de la justicia. |
| Persecución o neutralización del adversario | Flávio Bolsonaro denuncia persecución y cuestiona las actuaciones judiciales en su contra. Esa denuncia debe distinguirse de los fundamentos legales alegados por las autoridades. | El riesgo aparece cuando las instituciones se utilizan para intimidar, desacreditar o limitar la participación de opositores, independientemente de su afiliación política. |
| Control de la narrativa | La confrontación entre el gobierno, el Supremo, los medios y el bolsonarismo ha convertido la interpretación de los acontecimientos en otra batalla política. | La polarización mediática, la censura, la desinformación y la deslegitimación sistemática del adversario pueden impedir un debate público basado en hechos verificables. |
| Mayorías legislativas | El control del Congreso condiciona la capacidad del gobierno de Lula para impulsar su agenda y la capacidad de la oposición para fiscalizarlo. | Las elecciones del 3 de noviembre de 2026 decidirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado, con consecuencias directas para la supervisión del Ejecutivo. |
| Concentración del poder | La preocupación política se centra en la relación entre el Ejecutivo, el Supremo y las instituciones electorales. | La concentración de atribuciones en el Ejecutivo, la debilitación del Congreso y la pérdida de independencia de los organismos de control representan riesgos para cualquier administración. |
| Libertad de expresión y oposición | Las disputas sobre los límites de las decisiones judiciales y la libertad de expresión de los sectores bolsonaristas son parte central del conflicto. | La libertad de expresión, el derecho a protestar y la capacidad de cuestionar al gobierno deben protegerse tanto para conservadores como para progresistas. |
¿Por qué importa esto en las elecciones estadounidenses?
Estados Unidos se encuentra ante una elección legislativa decisiva. El próximo 3 de noviembre se renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Los republicanos mantienen mayorías estrechas en ambas cámaras, por lo que el resultado determinará quién tendrá capacidad de impulsar leyes, bloquear iniciativas y ejercer supervisión sobre la Casa Blanca.
Aquí está el verdadero punto de conexión con Brasil: no se trata simplemente de que gane uno u otro partido. Se trata de qué sucede con las instituciones cuando una fuerza política considera que conservar el poder está por encima de respetar los límites constitucionales.
La oposición tiene derecho a cuestionar al gobierno. El gobierno tiene derecho a defenderse. Los tribunales tienen la obligación de impartir justicia. Pero ninguno de esos derechos autoriza a convertir las instituciones en instrumentos de represalia política.
La lección política: cuando el poder deja de aceptar límites
La advertencia que plantea este escenario no debería interpretarse como una defensa incondicional de Trump, Bolsonaro o cualquier otro dirigente. Sería repetir el mismo error de quienes reducen la democracia a una lucha entre personajes y partidos.
El principio debe ser mucho más amplio: ningún gobernante, partido político, tribunal o institución está por encima de la Constitución.
Si una elección presenta irregularidades, deben investigarse. Si un funcionario utiliza su cargo para favorecer a un candidato, debe responder por ello. Si un opositor comete delitos, debe ser investigado con las mismas garantías que cualquier ciudadano. Y si una institución toma decisiones que afectan la competencia electoral, debe explicar su fundamento jurídico y someterse al escrutinio público.
El artículo 220 del Código Electoral brasileño contempla la nulidad de votaciones realizadas en horarios diferentes de los establecidos o cerradas antes de las 5 p. m. La controversia sobre la extensión de 2026 exige examinar cómo se aplicó esa disposición y qué autoridad tenía competencia para decidir; no basta con invocar el artículo para declarar automáticamente fraudulento el resultado.
Trump tiene razón en un principio esencial: la credibilidad de una elección depende de que sus reglas sean claras, previsibles y respetadas. Pero ese principio debe aplicarse independientemente de quién gane.
Y aquí es donde los estadounidenses deben prestar atención.
Los demócratas, los republicanos, los conservadores tradicionales, los independientes y los llamados RINOs pueden tener diferencias profundas. Ninguna de esas diferencias justifica renunciar a los controles constitucionales ni permitir que una facción política convierta las instituciones en propiedad privada.
Lo que hoy puede parecer una victoria partidista mañana puede convertirse en un precedente utilizado contra quienes celebraron esa victoria.
La verdadera amenaza no es que gane la izquierda o la derecha. Es que cualquiera de las dos llegue a considerar que tiene derecho a permanecer en el poder a cualquier precio.
Porque cuando se rompe la confianza en las elecciones, se debilita la independencia de la justicia, se persigue al adversario y se convierte la discrepancia en una amenaza, el problema deja de ser partidista: se convierte en una crisis de legitimidad democrática.
Recuperar las instituciones después de que han perdido su independencia y credibilidad puede ser mucho más difícil que defenderlas antes de que eso ocurra.
