Idolidia Darias / Florida/ USA / ¿Quien vigila a los que se encargan de vigilar la desinformación? La pregunta viene a propóito de la lectira de un post en FFO con el titulo- El Atlantic Council, financiado por Estados Unidos, presiona a la UE para que financie a los organismos encargados de hacer cumplir la censura.
El Atlantic Council, que recibió al menos 10,8 millones de dólares en fondos del Gobierno estadounidense entre 2019 y 2024, impulsa ante la Unión Europea un plan para financiar organizaciones dedicadas a supervisar el cumplimiento de las normas digitales contra las plataformas tecnológicas. Una propuesta de DFRLab, desarrollada mediante talleres con el Índice Global de Desinformación, plantea subvenciones a largo plazo, intercambio de datos y fondos para litigios. La iniciativa AgoraEU elevaría su financiación prevista de 500 a 1.000 millones de euros. Sus críticos podrían interpretar este esquema como una expansión de los mecanismos de control digital, especialmente por su papel en la recopilación de pruebas contra plataformas estadounidenses como X, asi lo planteó el equipo de FFO que puedes leer completo en Enlace aqui para leer el post completo.
En mi caso, después de leer el artículo, me hice varias preguntas: ¿qué significa todo esto para la libertad de expresión y, sobre todo, para el ciudadano común?
¿Quién decide hoy qué podemos decir, publicar o compartir en Internet? ¿Los gobiernos, los organismos reguladores, las plataformas tecnológicas o nosotros mismos?
Porque aquí lo que está en juego no es solamente la lucha contra la desinformación, sino también el riesgo de que, bajo ese argumento, se termine limitando la difusión de opiniones que resulten incómodas para determinados intereses.
–la propuesta atribuida al Atlantic Council y a DFRLab plantea varias implicaciones que conviene analizar y que nos deja al final de todo otra pregunta ¿quién vigila a quienes se encargan de vigilar lo que decimos?
Veamos:
1. De combatir la desinformación a controlar el discurso
Combatir campañas de desinformación, operaciones coordinadas o contenidos fraudulentos puede ser un objetivo legítimo. El problema surge cuando las categorías utilizadas para identificar esos contenidos son demasiado amplias o ambiguas.
Si una opinión política, una denuncia contra un gobierno o una interpretación histórica se clasifica erróneamente como desinformación, su difusión podría verse limitada. El riesgo para la libertad de expresión aparece cuando los criterios de moderación se utilizan para silenciar opiniones legítimas.
2. La financiación puede crear una red de influencia
Si instituciones financiadas con fondos públicos promueven, a su vez, la financiación de organizaciones que supervisan a las plataformas digitales, resulta necesario examinar:
- Quién financia a las organizaciones supervisoras.
- Quién establece los criterios para identificar la desinformación.
- Qué garantías existen para evitar conflictos de intereses.
- Si las organizaciones pueden actuar con independencia de los gobiernos y de sus financiadores.
La financiación, por sí sola, no demuestra que exista censura. Pero la transparencia es esencial cuando esas organizaciones pueden influir en decisiones que afectan a millones de usuarios.
3. El problema de las sanciones y los litigios
Un fondo destinado a financiar litigios podría servir para exigir que las plataformas cumplan la legislación europea. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la presión jurídica y económica que puede ejercerse sobre ellas.
Si las plataformas afrontan consecuencias por mantener determinados contenidos, podrían optar por eliminarlos preventivamente, incluso cuando sean legales. Este fenómeno se conoce como efecto disuasorio: el temor a las sanciones puede llevar a restringir más expresión de la necesaria.
4. El conflicto entre Europa y las empresas estadounidenses
La Unión Europea tiene derecho a regular los servicios digitales dentro de su jurisdicción. Las empresas tecnológicas también deben cumplir las leyes aplicables.
La cuestión central es si esa regulación protege derechos fundamentales mediante normas claras y garantías judiciales, o si termina favoreciendo una moderación excesiva de contenidos políticos controvertidos.
Además, hay que distinguir entre eliminar contenidos ilegales, combatir operaciones de manipulación coordinada y restringir opiniones simplemente porque resultan incómodas para determinados intereses políticos. No son situaciones equivalentes.
5. ¿Qué significa para el ciudadano?
El riesgo potencial es que las decisiones sobre qué información circula en Internet queden condicionadas por una red de organismos, financiadores, reguladores y plataformas cuyos criterios no siempre son transparentes.
Para evaluar si ese riesgo se materializa, habría que comprobar qué contenidos se denuncian, qué medidas se solicitan, qué plataformas las aplican y qué mecanismos de apelación tienen los usuarios.
La conclusión es esta: combatir la desinformación no es, por definición, censura. Pero tampoco basta con invocar la lucha contra la desinformación para justificar cualquier restricción del discurso público. La legitimidad de estas iniciativas depende de sus criterios, su transparencia, su proporcionalidad y las garantías que protegen la expresión legítima.
En el caso concreto del Atlantic Council y DFRLab, conviene distinguir entre las propuestas de financiación descritas y la afirmación de que constituyen un sistema de censura: esta última requiere pruebas sobre cómo se ejecutan las medidas y qué efectos tienen.
La pregunta que merece análisis es: ¿quién ‘vigila’ a quienes se encargan de ‘vigilar’ la desinformación?
Y volvemos entonces a lo mismo de siempre: La mano que mueve la cuna es la que manda en la casa, de ser así seguiríamos en esta historia del hamster en la rueda y dale que dale?
