Idolidia Darias / Florida / USA —«el problema no es solamente cuántas solicitudes de asilo en USA existen, sino qué ocurre cuando un sistema diseñado para distinguir entre protección legítima y abuso termina convertido en un laberinto que no logra resolver ni una cosa ni la otra».
El laberinto migratorio: entre el fraude, la espera y una reforma que no llega
Hay algo profundamente contradictorio en el sistema migratorio estadounidense: mientras Washington intenta cerrar las puertas al abuso, millones de personas permanecen atrapadas dentro del mismo sistema que se pretende reformar.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha decidido endurecer el discurso contra los abogados de inmigración que, según sostiene la administración, presentan solicitudes de asilo sin fundamento para mantener a determinados inmigrantes dentro de Estados Unidos.
Según Breitbart, el asesor jurídico general del DHS, James Percival, advirtió a los abogados que intentan manipular el sistema que estas prácticas no serán toleradas. El señalamiento llega cuando los tribunales migratorios enfrentan una acumulación de millones de casos y cuando las solicitudes de asilo representan una parte considerable de ese atasco.
La acusación es seria. Pero hay una pregunta todavía más importante:
¿Qué sucede cuando un sistema concebido para proteger a quienes realmente huyen de la persecución termina sin capacidad para distinguir con rapidez entre quien necesita protección y quien utiliza el procedimiento como mecanismo para prolongar su permanencia?
Ahí comienza el verdadero problema.
Porque una solicitud de asilo no debería convertirse en una ficha dentro de una partida burocrática. El asilo existe para proteger a personas que pueden demostrar que regresar a su país representa un peligro bajo los criterios establecidos por la ley estadounidense.
Pero si, como sostiene el DHS, existen abogados que presentan solicitudes sin fundamento con el propósito de conseguir permisos de trabajo, retrasar deportaciones o evitar temporalmente la expulsión, entonces el sistema tiene un problema que no puede resolverse simplemente acumulando más expedientes.
Y si al mismo tiempo existen solicitantes legítimos que esperan durante años para que alguien escuche y decida sus casos, el problema deja de ser exclusivamente migratorio. Se convierte en un problema de justicia administrativa.
El otro extremo del péndulo
La respuesta del gobierno parece avanzar hacia una política de mayor control, más deportaciones y mayor escrutinio sobre quienes ingresaron o permanecen irregularmente.
Pero existe otra realidad que tampoco puede desaparecer detrás de las estadísticas.
Millones de personas llevan años viviendo en Estados Unidos mientras esperan una resolución definitiva de su situación migratoria. Algunas tienen solicitudes de asilo pendientes. Otras poseen distintos documentos de supervisión migratoria. Otras llegaron bajo programas temporales. Y otras llevan tantos años dentro del sistema que su vida cotidiana se desarrolló prácticamente al margen de una respuesta definitiva del gobierno.
No todos son iguales. No todos tienen el mismo historial. No todos llegaron de la misma manera. Y no todos pueden ser colocados dentro de la misma categoría.
Ese detalle suele perderse en la guerra política alrededor de la inmigración.
-De un lado se habla de fraude. Del otro, de derechos humanos.
-De un lado se habla de seguridad fronteriza. Del otro, de familias que llevan años esperando.
Y entre ambos discursos aparece una palabra que resume buena parte del problema: limbo.
La paradoja de la Ley DIGNIDAD
Mientras el DHS anuncia una ofensiva contra lo que considera abusos del sistema, en el Congreso continúa la búsqueda de una solución legislativa para determinados inmigrantes que llevan largo tiempo viviendo en Estados Unidos.
La congresista republicana María Elvira Salazar ha promovido la Ley DIGNIDAD (H.R. 4393), una propuesta bipartidista que plantea una reforma integral del sistema migratorio. Entre sus objetivos están reforzar la seguridad fronteriza, reformar el sistema de asilo y establecer mecanismos de regularización para determinados inmigrantes indocumentados de larga permanencia.
La propia oficina de Salazar presenta la iniciativa como un intento de reparar lo que considera un sistema migratorio roto. Ley DIGNIDAD — oficina de María Elvira Salazar
Y aquí aparece una paradoja que merece ser examinada sin consignas: Estados Unidos quiere expulsar a quienes no tienen derecho a permanecer, pero también necesita encontrar una salida para quienes llevan años dentro del país sin una solución definitiva.
No son necesariamente problemas contradictorios. Son dos partes del mismo problema.
Un sistema migratorio funcional debería ser capaz de hacer ambas cosas: proteger al que tiene derecho a protección y remover al que no tiene derecho a permanecer.
El problema aparece cuando ninguna de las dos decisiones llega a tiempo.
¿Cuánto tiempo puede durar el limbo?
Una persona puede trabajar, pagar impuestos, criar hijos, alquilar una vivienda y construir una vida durante años mientras, jurídicamente, su futuro continúa suspendido.
Ese es uno de los aspectos más difíciles de entender desde fuera del sistema.
Para el Estado, puede tratarse de un número de expediente. Para la persona, es su vida.
Y cuando esa espera se prolonga indefinidamente, el sistema termina produciendo una situación absurda: personas que no saben si algún día podrán quedarse y otras que no saben cuándo tendrán que marcharse.
La discusión debería comenzar precisamente ahí.
—No todos los inmigrantes son víctimas. No todos son fraudulentos. No todos son delincuentes.No todos son solicitantes legítimos de asilo—.
Son categorías jurídicas diferentes y deberían ser tratadas como tales.
Por eso, combatir las solicitudes fraudulentas no debería significar presumir que todo solicitante de asilo miente. Y defender el derecho al debido proceso tampoco debería significar negar que existen abusos.
La verdadera prueba para el sistema está en algo mucho menos espectacular que los discursos políticos: decidir correctamente y decidir a tiempo.
Porque el problema no termina en la frontera
La inmigración estadounidense lleva décadas siendo utilizada como tema electoral, pero la realidad es mucho más complicada que cualquier consigna. La frontera es apenas la puerta de entrada.
El verdadero laberinto está dentro del país: tribunales saturados, solicitudes pendientes, permisos temporales, órdenes de deportación, procesos de apelación, abogados, centros de detención, supervisión migratoria y personas que esperan durante años una respuesta.
Y en ese laberinto también están los cubanos: Cubanos con asilo pendiente. Cubanos con diferentes formas de documentación migratoria. Cubanos con órdenes de deportación. Cubanos que pueden tener dificultades para ser recibidos por Cuba. Cubanos que, aun habiendo entrado a Estados Unidos, descubren que entrar no significa necesariamente poder quedarse.
Ahí aparece una de las paradojas más crueles de la migración contemporánea: Cuba puede impedir el regreso. Estados Unidos puede ordenar la salida. Y entre ambos extremos puede quedar una persona atrapada en el limbo.
Ese será probablemente uno de los capítulos más difíciles de la nueva etapa migratoria estadounidense. Porque el verdadero desafío no consiste solamente en decidir quién entra. Consiste en decidir quién puede quedarse, quién debe regresar y qué ocurre con aquellos para quienes ninguna de las dos respuestas resulta sencilla.
Y mientras Washington discute leyes, redadas, deportaciones, asilo y seguridad fronteriza, millones de expedientes siguen esperando algo que el sistema migratorio estadounidense lleva demasiado tiempo sin poder garantizar: una respuesta.
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comentarios-
77 millones de estadounidenses votaron por la mayor operación de deportación en la historia de EE.UU., no para que una congresista republicana le sermonee al presidente que la mitad de los detenidos por ICE “no tenían antecedentes penales”. Los votantes eligieron aplicación de la ley por encima de matices.
