—Lo que estamos viendo en estos días en las redes tras la llegada a Miami de un preso cubano y sus declaraciones a los medios bien pudiera interpretarse como una maniobra para -lavar- la imagen del sistema penitenciario cubano. Una trivialización del sistema carcelario en Cuba. Una acción de blanqueamiento que no podemos permitir.—

By Idolidia Darias / Florida USA

La reciente liberación de un ciudadano cubano que permaneció encarcelado en la isla, su llegada a Miami y las entrevistas que ha concedido desde entonces han provocado un intenso debate en las redes sociales. Más allá de las simpatías o antipatías que pueda despertar su figura, hay un aspecto del que muy pocos parecen estar hablando: el riesgo de trivializar la verdadera naturaleza del sistema penitenciario cubano.

Quien desconozca la historia del presidio político en Cuba y solo consuma fragmentos de entrevistas, videos de TikTok o publicaciones de X podría llegar a la conclusión de que las cárceles cubanas son espacios donde incluso es posible desarrollar pasatiempos, pintar cuadros o disfrutar de determinados privilegios. Esa percepción, además de incompleta, resulta profundamente peligrosa porque contribuye, aunque sea de manera involuntaria, a blanquear uno de los instrumentos de represión más eficaces que ha tenido el régimen desde 1959.

No se trata de juzgar una experiencia individual. Cada preso vive circunstancias diferentes y nadie puede pretender que todas las historias sean idénticas. Sin embargo, cuando un caso particular termina eclipsando más de seis décadas de testimonios sobre torturas, hambre, golpizas, aislamiento, chantajes psicológicos y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, el problema deja de ser individual para convertirse en un asunto de memoria histórica.

Hablar del presidio político cubano exige comprender su evolución. No ha sido un fenómeno estático. El aparato represivo ha cambiado sus métodos, pero nunca su objetivo: castigar la disidencia y preservar el monopolio del poder.

La primera etapa, desde 1959 hasta finales de la década de los setenta, fue probablemente la más brutal. Fueron los años del terror revolucionario. Bastaba discrepar del nuevo sistema para terminar ante un pelotón de fusilamiento o condenado a décadas de prisión. Campesinos, estudiantes, religiosos, artistas, intelectuales y ciudadanos comunes fueron víctimas de una maquinaria represiva que no distinguía profesiones ni edades.

Las UMAP simbolizaron como pocas instituciones esa política de persecución. Miles de homosexuales, creyentes, intelectuales y jóvenes considerados «desafectos» fueron enviados a campos de trabajo forzado bajo la excusa de la reeducación revolucionaria. Paralelamente, durante los años setenta, la llamada parametración extendió la persecución al ámbito cultural. Escritores, dramaturgos y artistas que no aceptaban someter su obra a los dictados ideológicos del Estado fueron condenados al silencio, al desempleo y al ostracismo.

Paradójicamente, fue también en esa etapa cuando comenzaron los primeros diálogos entre el régimen y sectores del exilio, proceso que condujo a la excarcelación de miles de presos políticos y abrió una nueva dinámica migratoria. Sin embargo, aquellas liberaciones nunca significaron un cambio de naturaleza del sistema, sino una decisión política ajustada a las circunstancias internacionales.

A partir de los años ochenta comenzó una segunda fase. La violencia dejó de depender exclusivamente de los fusilamientos o de las condenas interminables y dio paso a una forma de represión mucho más sofisticada. El régimen perfeccionó un entramado legal, policial y psicológico destinado a expulsar, intimidar y neutralizar a quienes cuestionaban al poder.

El éxodo del Mariel estuvo acompañado por los tristemente célebres actos de repudio, donde el Estado organizaba multitudes para humillar públicamente a quienes pretendían abandonar el país. Más adelante, cuando surgieron movimientos culturales críticos y artistas independientes, el miedo oficial a cualquier apertura llevó nuevamente a la censura y al cierre de espacios de expresión.

Con el colapso soviético llegó el Período Especial. La crisis económica favoreció el nacimiento de organizaciones de derechos humanos, partidos opositores y periodismo independiente. La respuesta gubernamental ya no consistía principalmente en eliminar físicamente al adversario, sino en desgastarlo mediante arrestos arbitrarios, juicios sin garantías, vigilancia permanente y encarcelamientos selectivos.

Fue una etapa donde el objetivo cambió. Ya no se trataba necesariamente de matar al opositor, sino de convertir su vida en un infierno hasta obligarlo al exilio, al silencio o al aislamiento social.

La Primavera Negra de 2003 confirmó ese perfeccionamiento represivo. Setenta y cinco opositores, periodistas y activistas fueron condenados en procesos sumarios a largas penas de prisión. En los años posteriores las detenciones arbitrarias, los arrestos domiciliarios, las golpizas y las prohibiciones de movimiento se convirtieron en herramientas cotidianas del aparato de Seguridad del Estado.

Al mismo tiempo surgieron las Damas de Blanco, uno de los movimientos cívicos más importantes de la historia reciente de Cuba, integrado por mujeres que decidieron convertir el dolor de tener familiares encarcelados en una denuncia permanente frente al mundo.

Las posteriores liberaciones negociadas con la Iglesia Católica y el gobierno español tampoco modificaron la esencia del sistema. Quienes abandonaron las cárceles describieron condiciones infrahumanas: hambre, hacinamiento, falta de asistencia médica, torturas físicas y psicológicas, golpizas y castigos prolongados en celdas de aislamiento. Algunos murieron tras largas huelgas de hambre; otros jamás recuperaron completamente su salud.

Durante esos años comenzó incluso a extenderse una idea que resumía perfectamente la realidad cubana: la isla entera funcionaba como una gran prisión rodeada de cárceles aún peores.

Los acontecimientos del 11 de julio de 2021 marcaron una nueva etapa. Cientos de cubanos fueron arrestados tras las protestas nacionales y posteriormente condenados a severas penas de prisión mediante procesos ampliamente cuestionados por organizaciones internacionales de derechos humanos. Muchos de ellos eran apenas jóvenes; otros incluso menores de edad. Delitos como sedición, desacato, desorden público o resistencia fueron utilizados para castigar manifestaciones que, en numerosos casos, consistieron simplemente en ejercer el derecho a protestar.

Desde entonces continúan llegando denuncias sobre las condiciones penitenciarias: hambre, sed, ausencia de atención médica, maltratos, aislamiento prolongado y violaciones constantes de la dignidad humana. Los testimonios proceden de presos políticos, familiares y también de reclusos comunes que han descrito un sistema donde el deterioro físico y psicológico forma parte del castigo.

Por eso sorprende que el debate actual termine concentrándose en aspectos anecdóticos de una experiencia personal mientras se deja en segundo plano la historia de miles de hombres y mujeres que durante más de seis décadas describieron una realidad completamente distinta.

No se trata de negar que cada preso pueda haber vivido circunstancias diferentes. Se trata de evitar que una excepción —si realmente lo es— termine convirtiéndose en la nueva narrativa sobre el sistema penitenciario cubano.

Las discusiones en redes sociales continuarán. Habrá quienes defiendan al recién liberado y quienes cuestionen su relato. Ese debate es legítimo. Lo preocupante es que, mientras unos y otros discuten sobre una persona, pase inadvertido un fenómeno mucho más grave: el riesgo de contribuir, consciente o inconscientemente, al lavado de imagen de un aparato represivo cuya existencia ha sido documentada durante décadas por víctimas, familiares, organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos.

La historia del presidio político cubano no puede escribirse a partir de un solo testimonio. Debe construirse escuchando a quienes sobrevivieron a todas sus etapas. Solo así será posible preservar la memoria de miles de cubanos que pagaron con prisión, exilio o muerte el simple hecho de pensar diferente.