Tras la aprobación del Decreto-Ley 35, que profundiza el control y las restricciones al uso de internet y las redes sociales en el país la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la nueva estocada contra la libertad de expresión en Cuba.

Las restricciones por parte del régimen cubano ocurren como respuesta a las protestas sociales que se iniciaron el pasado 11 de julio.

El Decreto-Ley 35/2021 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico”, en vigencia desde el 18 de agosto, establece 17 delitos de “ciberseguridad”.

La convocatoria a manifestaciones es considerada un delito de “ciberterrorismo” y la publicación en la red de contenidos considerados subversivos es tipificado como incidente de alta peligrosidad.

Jorge Canahuati, presidente de la SIP y presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, condenó “la nueva estocada contra la libertad de expresión, mediante un decreto con lenguaje ambiguo que impone mayores límites en redes sociales”, y destacó que “estas se han convertido en el principal medio que usan los ciudadanos para difundir y consumir información”.

“La aprobación de esta nueva disposición es la reacción desesperada de un régimen controlador y acorralado”, expresó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director del diario La Voz del Interior, de Argentina. Agregó que “en Cuba ya existen leyes y decretos utilizados para sancionar a periodistas, activistas, ciudadanos y toda posición crítica a la oficial”.

El amedrentamiento en contra de la población y de los periodistas independientes por el uso de internet no es nuevo en Cuba. La SIP viene señalando en sus informes semestrales al monopolio estatal de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) como brazo ejecutor de las políticas restrictivas de los servicios de internet y telefonía.

El Índice Chapultepec 2020, una herramienta de medición de la SIP fundamentada en su Declaración de Salta sobre libertad de expresión en el ecosistema digital, pone a Cuba, junto a Nicaragua y Venezuela, entre los países cuyos gobiernos censuran el espacio digital a través de bloqueos, hackeos y amenaza de sanciones penales.