#enredes —Este 4 de enero se ha activado en Miami otra demanda con graves implicaciones no sólo para Nicolás Maduro sino también para… Delcy Rodríguez. Ciudadanos estadounidenses les acusan de secuestros, torturas, narcotráfico y de usar rehenes como moneda de cambio. La acción se presenta bajo la ley antiterrorista y RICO, una figura que trata al régimen como una empresa criminal organizada y permite reclamar daños millonarios. No es una causa penal, pero sí abre la puerta a indemnizaciones, embargos futuros y SOBRE TODO a que un jurado federal examine el funcionamiento interno del poder en Venezuela. El 4 de enero los demandantes presentan ante el tribunal una petición formal de rebeldía (default) contra Maduro, Delcy y el resto de demandados. Eso significa que, según el expediente, los acusados no han comparecido ni respondido a la demanda dentro del plazo legal, pese a haber sido debidamente notificados. La consecuencia inmediata es procesal pero relevante: si el juez acepta la rebeldía, los demandados pierden el derecho a defenderse en esta fase y el caso pasa a una etapa en la que el tribunal puede dar por ciertos los hechos alegados en la demanda. A partir de ahí, los demandantes pueden pedir una sentencia en rebeldía que fije responsabilidad civil y determine indemnizaciones. Puede desembocar en resoluciones judiciales ejecutables sobre activos, embargos futuros y reconocimiento formal de que Maduro, Delcy y el resto actuaron como parte de una empresa criminal bajo la ley RICO, siempre que el juez avale la solicitud. Todo esto consta en el procedimiento del caso en el Distrito Sur de Florida.