#enredes #diariodenavegante —Cuando los astros se alinean (o) esto es una maraña pero no queda de otra, hay que desenmarañar—
Sin embargo, los «narcosobrinos» fueron finalmente liberados como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela en octubre de 2022, negociado durante la administración de Joe Biden. En ese momento, Juan González era el Asistente Especial del Presidente y Director Principal del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) para el Hemisferio Occidental. (—) Aunque no hay informes públicos detallados que especifiquen su participación exacta en las negociaciones secretas del intercambio de 2022, como alto funcionario del NSC y principal asesor de Biden para América Latina, es altamente probable que estuviera al tanto, y pudiera haber tenido un papel en la formulación de la política o la coordinación de la decisión que llevó a dicho intercambio. Estas negociaciones fueron gestiones de alto nivel de la administración estadounidense para liberar a ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.
-Jason Poblet—(repost con comentario a Estrella Infante ) —Lo que nosotros, el pueblo estadounidense, quienes votamos y pagamos impuestos, queremos que el Congreso investigue cómo la «oposición» venezolana utilizó el dinero de USAID y del Departamento de Estado. También queremos saber cómo se ha utilizado o no el dinero de @CITGO para promover la causa de la libertad.
—Estrella Infante —El Congreso debe abrir una investigación formal sobre el papel de Juan González en la formulación del enfoque de la Administración Biden hacia Nicolás Maduro.
Durante años, González fue uno de los principales asesores que abogaron por el diálogo con el régimen venezolano; un enfoque que muchos advertimos que podría socavar la seguridad nacional de Estados Unidos.
Ahora, con la explosiva declaración de Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia venezolano, la situación exige una supervisión inmediata del Congreso.
Carvajal afirma que el régimen de Maduro coordinó narcoterrorismo, espionaje, operaciones de inteligencia extranjera e infiltración criminal en todo el hemisferio, incluyendo actividades dirigidas contra Estados Unidos.
Si estas acusaciones son ciertas, el Congreso tiene la responsabilidad de examinar si algún funcionario estadounidense, del pasado o del presente, promovió políticas que, sin intención, permitieron o ignoraron estas amenazas.
Esto no se trata de partidismo. Se trata de seguridad nacional.
El pueblo estadounidense merece saber:
•¿Qué tipo de asesoramiento se le brindó al presidente Biden con respecto a Maduro?
•¿Por qué se redujeron o descartaron las contramedidas agresivas?
•¿Se subordinaron las preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos a narrativas políticas?
•¿El diálogo con el régimen fortaleció, sin querer, a un régimen ahora acusado de narcoterrorismo y colaboración con servicios de inteligencia extranjeros?
La declaración de Carvajal deja algo claro: la amenaza del régimen de Maduro era mucho más profunda de lo que se reconocía públicamente.
El Congreso debe garantizar que todos los funcionarios involucrados en la formulación de la política estadounidense, incluido Juan González, sean sometidos a una revisión transparente.
Esto es una cuestión de rendición de cuentas, seguridad nacional y verdad.
—De los acuerdos con cárteles a las fronteras abiertas: una traición a la seguridad nacional
Juan González: Una política de rendición que puso en peligro la seguridad de EE.UU.
La política de la administración Biden hacia Venezuela, diseñada por Juan González, expuso una preocupante debilidad del liderazgo estadounidense. Al negociar en igualdad de condiciones con Nicolás Maduro, un régimen profundamente implicado en el narcotráfico a través del Cártel de los Soles, Washington no solo socavó su propia credibilidad, sino que también puso en peligro la seguridad nacional.
Este no era un tema partidista; el Departamento de Justicia y varias agencias de inteligencia han advertido desde hace tiempo que el Cártel de los Soles busca activamente inundar Estados Unidos de drogas y delincuencia. Sin embargo, en lugar de mantenerse firme, el gobierno intercambió testigos de gran valor como Alex Saab y los narcosobrinos, hombres que tenían conocimiento directo de las operaciones del cártel. Estos individuos no eran solo criminales, sino evidencia viviente de la complicidad del régimen en el tráfico internacional. Devolverlos fue más que una concesión; fue una interpretación estratégica.
Mientras tanto, en el país, la administración Biden abrió la frontera sobre un flujo descontrolado de migrantes. Sin verificaciones de antecedentes penales confiables disponibles desde Venezuela, las agencias estadounidenses no pudieron investigar adecuadamente a los migrantes. Esto creó la oportunidad perfecta para que afiliados a los cárteles y agentes del régimen se infiltraran en nuestras comunidades, expandiendo las mismas redes sobre las que advertía nuestra comunidad de inteligencia.
¿El resultado? Una política que premió a un narcorégimen, debilitó la seguridad estadounidense y demostró al mundo que se puede presionar a Washington para que haga concesiones sin obtener nada a cambio. Lejos de impulsar la democracia en Venezuela o proteger a los estadounidenses, el enfoque de González demuestra la maldad de tratar a una dictadura como a un igual y la imprudencia de ignorar las advertencias de seguridad nacional en pos de una diplomacia fallida.
Por estas razones, el Congreso debe abrir una investigación formal sobre Juan González, su papel en socavar la seguridad estadounidense, sus posibles conflictos de intereses y si sus acciones alcanzan el nivel de corrupción u otros cargos. El pueblo estadounidense merece rendición de cuentas cuando se sacrifica la seguridad nacional por experimentos políticos fallidos.
@SenRickScott @MaElviraSalazar @MarioDB @RepCarlos SecRubio
@DHSgov @SecScottBessent @SecDef @PressSec
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