El gobierno de EE. UU. cerró el 1 de octubre de 2025. Ocurrió porque el Congreso no aprobó la legislación de asignaciones para el año fiscal 2026 antes de la fecha límite, lo que provocó una parálisis de las funciones no esenciales del gobierno federal.

El periodista Carlos Carballido aborda el tema y expone las razones para el cierre del gobierno.

LO QUE NO TE DICEN SOBRE LA RAZÓN DEL CIERRE DEL GOBIERNO /Por Carlos Carballido

El gobierno permanece cerrado por una única razón: los demócratas quieren que se apruebe un paquete de 1,5 billones de dólares para continuar, entre otras cosas, con la estafa de la ACA (Affordable Care Act), conocida como Obamacare.
El proyecto de ley no solo solicita aumentar el financiamiento para ese desastre, sino que también incluye fondos para transferir desde Medicaid y lograr un suministro financiero por al menos 10 años más.
Obamacare ha resuelto algunos problemas, pero ha creado otros más graves para quienes trabajan pero no llegan a ser ricos. Las promesas de expandir la cobertura de seguros, reducir los costos médicos y proteger del abuso de las aseguradoras solo se cumplieron para la población pobre y dependiente de las ayudas del gobierno. El resto de los trabajadores continuaron pagando primas altísimas con deducibles brutales.
Trump no ha perdido oportunidad para anunciar que no aprobará esos 1,5 billones de dólares para “ayudar a ilegales”. Su planteamiento es exagerado y confuso, pero… NO ES TOTALMENTE FALSO, como pregona la prensa liberal.
Por ley federal, un inmigrante indocumentado no puede acceder a servicios sociales o médicos subsidiados. Sin embargo, hay una docena de estados, entre ellos California y Nueva York, que utilizan una combinación de fondos federales y presupuesto estatal para dar asistencia médica y social a personas en situación irregular. En la práctica, el dinero no se fabrica, y directa o indirectamente termina utilizándose en esas estructuras de asistencia social sin importar el estatus migratorio.
En California, la expansión del programa Medi‑Cal para adultos sin importar su estatus migratorio se estima que cuesta aproximadamente 8.5 mil millones de dólares anuales del fondo general estatal.
En Nueva York, el informe del estado sobre gastos de emergencia relacionados solo con solicitantes de asilo (sin estatus legal) indica que se destinan unos 4,3 mil millones de dólares al programa de “emergencia gasto relacionado con personas que buscan asilo”.
A nivel nacional, alrededor de 2.9 millones de indocumentados se beneficiaron del TPS (Estado de Protección Temporal) o fueron liberados en espera de cortes durante la administración Biden, y todavía tienen, de algún modo, derecho a asistencia de emergencia (médica y alimentaria). ¿Y de dónde sale ese dinero? Pues de este tipo de paquetes económicos, financiados por el contribuyente.
lamentablemente, los republicanos en el congreso simplifican su negativa al uso del dinero para indocumentados, y los demócratas mienten bajo el argumento de que ese recorte empeorará la salud en EE.UU. UU.
La realidad es que la desaprobación del proyecto de ley mantendrá las cosas como hasta ahora, pero obligaría a los estados demócratas a eliminar esa asistencia indirecta a los indocumentados, y con ello, perder su cantera de votos populistas.
Trump ha dicho que no firmará un gasto como ese. Veremos quién cede, porque si el gobierno permanece cerrado más de 35 días, los fondos de cobertura se agotarán y el país podría paralizarse. Los demócratas lo saben y siempre juegan esa carta. Pero también podrían verse afectados por la presión de los sindicatos, como sus brazos derechos.
Este análisis debe explicarlo los políticos, porque se presta a confusión, aunque eso es pedir mucho.
Cuando Trump siga diciendo que ese dinero es para beneficio de los indocumentados, entienda que no es falso, pero tampoco es del todo cierto.
El presidente debería explicar mejor cómo los estados demócratas y el desastre creado por Biden con la inmigración ilegal hacen sus trucos para que ese dinero llegue en forma de asistencia pública a quienes no tienen estatus legal en EE UU.